La bullada investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y corrupción en la administración del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, o una serie de allanamientos en el domicilio del alcalde y en las dependencias de la Municipalidad de Rancagua, son ejemplos recientes de las investigaciones que lidera el Ministerio Público para combatir la corrupción en los gobiernos locales.
Para prevenir escándalos como estos, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja acaba de dar luz verde a la idea de legislar en torno a dos importantes proyectos de ley sobre probidad y transparencia en municipios, los que buscan avanzar en mecanismos institucionales y legales para hacer frente a este grave problema.
Los proyectos en discusión, que aúnan iniciativas de varios diputados, entre los que se encuentran Tomás Hirsch (Humanista) y Catalina Pérez (RD), incluyen medidas concretas para prevenir efectivamente la corrupción en la función municipal, apuntando a ampliar los mecanismos de participación ciudadana y aumentar la probidad y transparencia en la gestión municipal y en la gestión de corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias que surgen al alero de las municipalidades.
A lo largo del proceso legislativo, desde la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia hemos estado comprometidos con este avance y realizamos recientemente un seminario en el que participaron más de 120 personas, incluyendo diputados, alcaldes, concejales y expertos en la materia, para analizar específicamente los desafíos en el ámbito municipal para mejores estándares de prevención, transparencia y control.
Frente a este desafío, el diagnóstico es claro: una reciente radiografía de la Contraloría arrojó que 89,2% de las personas declara que las municipalidades son áreas que pueden ser afectadas por corrupción; 87,3% de los consultados por un estudio de Chile Transparente e Injuv indicó que los municipios tienen muy altos o altos niveles de corrupción; y en la consulta pública de nuestra Estrategia Nacional de Integridad Pública, los municipios aparecen como la tercera institución con el peor índice de integridad, sólo superados por el Congreso y los partidos políticos.
Las exposiciones de los invitados a nuestro seminario, así como las audiencias públicas que ha realizado la Cámara sobre esta materia, dan cuenta de importantes consensos en temas cruciales que desde el Ejecutivo buscaremos recoger para trabajar en mejoras al proyecto.
Avanzar hacia la prevención y erradicación de la corrupción se ha transformado en una prioridad en los sistemas democráticos de las últimas décadas. Esta preocupación se relaciona directamente con el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos y con la calidad de vida de las personas. Por todo ello, valoramos que la lucha contra la corrupción municipal hoy cuente con un importante respaldo de parte de las y los diputados de la Comisión de Gobierno Interior, pues más allá de sus diferencias políticas, se han logrado consensos para tomar cartas en el asunto de manera conjunta y con celeridad.
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