¡No al Sapeo a las Redes Sociales!

El anuncio del Gobierno de invertir recursos fiscales en la vigilancia de las redes sociales es un atentado a la privacidad, a la libertad de expresión y una intimidación a todos los ciudadanos.

Si el Gobierno pretende por esta vía mejorar su imagen está logrando todo lo contrario. Los chilenos no desean volver a los tiempos en los que se vigilaba lo que pensaban como una manera de mantener un control social de las opiniones de la gente.

Ya con el solo anuncio, las redes sociales dieron una rápida respuesta al Ejecutivo. Millones de chilenos salieron a denunciar la medida bajo la etiqueta de hashtag #gobiernosapo.

Nuestra gente no quiere ser vigilada ni perseguida por sus ideas, quiere plena libertad de expresión. El Gobierno pretende con esto establecer un sistema como el Big Brother del que nos hablaba George Orwell en su obra 1984. Se pretende un control sobre los ciudadanos que nos parece tan inaceptable como si se estableciera una intervención a los teléfonos sin orden judicial.

Cuando reconquistamos la democracia, una de las cosas que más valoró la ciudadanía fue el recuperar la posibilidad de expresarse con libertad. En 21 años de democracia, la gente ha sentido que puede opinar, puede disentir y puede proponer con libertad. Pero ahora se pretende volver a la vigilancia gubernamental sobre lo que se dice y opina.

¿Qué pretende el Gobierno? Nos dicen que se quiere saber lo que piensa la gente, pero eso ya lo saben hace mucho rato con las diversas encuestas y otros instrumentos de medición de la opinión pública. Lo claro es que se quiere intimidar y disminuir las opiniones críticas que circulan en la red ante el temor a represalias.

Las redes sociales han permitido que todas las personas puedan usar las nuevas tecnologías para poner sus puntos de vista.

A través de los blogs, de Facebook, de Twitter y de las otras herramientas que ofrece la web, los chilenos pueden expresar lo que quieren y lo que sienten. Han sido también una poderosa herramienta para las organizaciones sociales. El movimiento contra HidroAysén y las organizaciones estudiantiles han usado estas plataformas para organizarse y para convocar.

Quienes estamos en el servicio público hacemos uso de esas redes para conectarnos con la ciudadanía, lo que nos permite un contacto directo con las personas, que complementa nuestros encuentros cara a cara. Pero es muy distinto que usemos las redes, a vigilarlas y crear sistemas de monitoreo como el que pretende implementar el Gobierno con recursos de todos los chilenos.

Se dice que las redes sociales son públicas, lo que es efectivo. Pero aún así, no es aceptable que un Gobierno se dedique a vigilar a la gente. Es distinto que a través de nuestras cuentas de Facebook o Twitter tengamos un feedback que nos permita mejorar nuestro trabajo, que vigilar a toda la ciudadanía mediante sistemas tecnológicos de monitoreo, que incluso nos permiten ubicar georeferencialmente a una persona que emite una opinión crítica.

Cabe preguntarse ¿qué grado de libertad sentirán ahora los funcionarios públicos al saber que el Gobierno vigila las redes sociales? El sistema que el Ejecutivo ha externalizado le permitirá saber qué se opina y quien opina tal o cual cosa. ¿Qué seguridad podemos tener de que no volverán las listas negras? Esta medida intimida a la gente que, con justa razón, siente invadido su espacio de libertad y violado sus derecho constitucional a la libre expresión.

Como Vicepresidente del Senado, voy a hacer lo que esté a mi alcance para evitar que se concrete este sistema de vigilancia.

Vamos a encargar un estudio acerca del tema y, de ser necesario, llevaremos adelante todas las acciones legales para impedir que se coarte la libertad de las chilenas y chilenos.