No más abusos: Queremos un Estado que proteja a los consumidores

La crisis de la empresa de retail La Polar deja al descubierto algo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo con las organizaciones de consumidores: la nula protección que existe hacia las personas ante el abuso de los grandes grupos empresariales.

En este caso, hay una falla inexcusable de todos los fiscalizadores del Estado. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debe responder por el mal funcionamiento del sistema de cobros, también la Superintendencia de Valores y Seguros, que actuó con negligencia al no advertir la grave crisis.

También deben responder las AFPs, cuyos directores dejaron que esto pasara, con lo que dañaron el patrimonio de los trabajadores chilenos que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones.

Este escándalo, que detonó con la caída en un 42 por ciento de las acciones de la cadena de tiendas y el anuncio de demandas colectivas contra La Polar, es una clara manifestación de la indefensión en la que están los sectores de menores ingresos y la clase media cuando intentan mejorar sus vidas recurriendo al crédito en las casas comerciales.

La cadena La Polar se ha caracterizado por ofrecer créditos masivos a personas de menores ingresos.

Y cuando las personas no han podido pagar, la empresa ha realizado repactaciones automáticas, sin consulta a los clientes, aumentando de manera escandalosa la deuda.

Según datos de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), hubo personas que tenían una deuda de 90 mil pesos, que creció a 3 millones de pesos por concepto de intereses y multas.

La repactación automática inconsulta no sólo es una práctica abusiva con los clientes, sino que además peligrosa para el sistema financiero. Lo de La Polar es una señal de alerta en medio de los “ofertones” de las tiendas para que aumentemos el consumo y el sobre endeudamiento. Las personas son empujadas por el sistema a consumir y endeudarse, para después responderles con la mano dura de la repactación automática o con el cobro de intereses que vienen en la letra chica de los contratos.

Debemos poner fin a estos abusos y necesitamos un Estado que se haga cargo de una fiscalización efectiva.

No hay que pensar que lo ocurrido con La Polar es una excepción, los chilenos vienen siendo sistemáticamente afectados en los cobros de servicios básicos y en las tarjetas de crédito y de tiendas y siempre salen perjudicados cuando se repactan las deudas.

Valoramos las demandas colectivas anunciadas, pero esa positiva decisión no termina con el tema de fondo: se requiere un sistema efectivo de control que actúe con anticipación.

Cuando se planteó durante la campaña la creación del Sernac Financiero respaldamos esa idea. Pero el Gobierno transformó su promesa en un proyecto que sólo amplía las facultades del actual Servicio Nacional del Consumidor y contempla un escaso aumento de la planta de la entidad.

Da la impresión que los grandes empresarios, que sienten a este Gobierno como propio, han conseguido que la promesa a los consumidores de un Sernac Financiero se transforme en una institucionalidad que no dará una real protección ni enfrentará eficazmente los abusos.

Los consumidores necesitan un sistema de protección fuerte que defienda de verdad a las personas, que son el eslabón más débil en la cadena del consumo.