Transparencia, discrecionalidad y probidad en el sector público

Luis Garrido-Vergara

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La reciente denuncia realizada por la senadora Yasna Provoste, respecto a la firma de convenios de trato directo por parte de la seremi de Desarrollo Social de Atacama con la Fundación Visible, por 169 millones de pesos, se suma a la decisión del Ministerio Público de investigar a la Fundación Democracia Viva, debido a denuncias relacionadas con la firma de convenios millonarios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos hechos, junto con otros de menor magnitud, pero que también han alertado al Poder Judicial, han puesto nuevamente en la palestra la difícil relación existente entre la transparencia, probidad y la discrecionalidad en la función pública chilena.

La discrecionalidad es una facultad otorgada por ley de la que pueden disponer órganos de la administración del Estado que puede expresarse en acciones que se estimen como oportunas, convenientes y/o razonables por parte de la autoridad responsable, acorde a un marco jurídico y que impidan incurrir en omisiones o actos que afecten la probidad administrativa.

Sin embargo, las denuncias recientes vuelven a poner en tela de juicio uno de los problemas de base con respecto esta función: en el contexto de la Nueva Gerencia Pública, el paradigma que ha primado en la gestión pública chilena, las personas que ejercen la función directiva no necesariamente ejercen esta atribución con un ethos de servicio público, sino más bien como un incentivo a favorecer otro tipo de objetivos más allá del marco regulatorio de la gestión propia del organismo público en cuestión.

En 2017, analizando la experiencia chilena y neozelandesa, Pliscoff-Varas ya advertía sobre esta paradoja que se expresa en el incremento de la discrecionalidad en el sector público: "el incremento de la discrecionalidad de los funcionarios públicos es la posibilidad de que, a menores controles, se aumenten las posibilidades de corrupción o mala administración". Esto es de gran relevancia, básicamente porque esta atribución puede impactar directamente en los mecanismos y procedimientos disponibles para el control de la gestión, que son necesarios para proteger los intereses organizacionales en torno a la generación de valor público. En este sentido, la discrecionalidad es una práctica que debe ser restringida al máximo posible sobre todo cuando ésta se ve relacionada con el uso de recursos públicos, más allá de las decisiones políticas.

Es por estas razones que, frente a los recientes hechos denunciados ante la opinión pública, no sólo es importante avanzar en su debida investigación, aclaración y posibles consecuencias legales: es necesario que en la agenda modernizadora del Estado se revisen las normativas que facultan esta potestad, así como el trabajo realizado por los Consejos Asesores Presidenciales en esta materia, para buscar evitar que se sigan produciendo incentivos para la corrupción en la función directiva en el sector público chileno.