Altiplano chileno: Un incendio en la distancia

Teodoro Ribera

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Con la presencia de Evo Morales se conformó en Buenos Aires una coordinadora edificada sobre RUNASUR, cuya estrategia es constituir una América plurinacional, de los pueblos para los pueblos, con raíces anticapitalistas y antiimperialistas. Un proceso que con la asunción (y destitución) del presidente de Perú, Pedro Castillo, toma cuerpo, se acelera y pone su foco en el cono sur andino.

El proyecto de Morales es simple al tiempo que peligroso para la estabilidad americana y los Estados nacionales: desestabilizar regiones andinas con población aimara, alentar las protestas y la tensión con el fin de provocar un desorden que dé paso a proyectos refundacionales y secesionistas. La violencia imperante estas semanas en Perú -rural y campesina-, y el reclamo contra el centralismo de Lima, la ausencia de desarrollo y una demanda identitaria diversa, son los fundamentos para instalar una asamblea constituyente en ese país.

Lo que ocurre en el sur andino peruano nos debe llamar a analizar críticamente nuestra propia situación, pues se visibiliza el abandono estatal que adolecen las regiones extremas, especialmente rurales de Chile, a las que tampoco ha llegado el desarrollo y progreso como lo muestra la televisión. Es un llamado de alerta al Estado chileno, sus políticas públicas e incluso a su política exterior, en deuda con dichas zonas.

En particular, el norte andino acusa un abandono de décadas, lo que ha empujado sentimientos de desilusión y una peligrosa distancia identitaria para con Chile. La población de Parinacota ha caído en un 50% desde 1992, al tiempo que la extranjera casi equipara a la nacional, en un marco de déficit de infraestructura, de servicios básicos y una profunda decepción de sus comunidades hacia el Estado, lo que va acompañado por una creciente adhesión hacia lo aimará. En otras palabras, el altiplano se ha convertido en un campo propicio para la penetración ideológica y cultural del proyecto secesionista de RUNASUR. Sin embargo, el problema es aún más profundo, pues el centralismo con que Santiago gestiona sus zonas extremas es el mismo con que Arica lo hace con el altiplano, lo que se visualiza en la distribución de los recursos estatales que recibe, incluso como partidas especiales. Comunas de esta región como General Lagos o Putre, ambas con deslindes internacionales, anotan niveles de pobreza material inexplicables e intolerables para un país cuyo ingreso per cápita supera los 20.000 dólares anuales.

Es hora de una revisión amplia de las políticas públicas y de nuestra política exterior hacia las zonas extremas, que se ha mostrado vacilante y deficitaria en la puesta en valor político de nuestros extremos geográficos. Antes que se susciten hechos de violencia o que dañen la integridad nacional, debemos tomar decisiones que desincentiven la conflictividad y el secesionismo. El altiplano no puede esperar más.