Autogestión hospitalaria: rindo cuentas

Ahora que ha de verificarse un cambio de administración muy importante en el mes de marzo, y pensando en una especie de "rendición de cuentas", me he estado preguntando acerca del buen éxito de la denominada autogestión hospitalaria -el profesor Bandera me enseñó que los éxitos podían ser buenos o malos, que no son más que "salidas" o "outputs", como en las salas de cine-.

Recordemos que esta idea de la autogestión de los hospitales públicos se fraguó a propósito de la Ley de Autoridad Sanitaria de 2005, en la reforma que impulsó el Presidente Lagos y dicen algunos actores que tal vez su redacción para incluirla en el proyecto de ley -el articulado- se hizo en el automóvil que conducía a los abogados promotores de la iniciativa legal antes citada, al Parlamento. Es que este era un tema olvidado.

En rigor, se habló de que consistiría en transferir facultades administrativas desde los Servicios de Salud -sus direcciones- a los hospitales, una suerte de delegación que en algunas realidades ya se había producido en la práctica. Hoy nos damos cuenta de que aquello fue muy poca cosa y que en ningún caso fue el producto de una reflexión profunda sobre la materia, si bien estuvo cargado de buena intención y en un marco intuitivo correcto: la autogestión hospitalaria, en un contexto modernizador, sí que era necesaria.

En efecto, lo que se afirma en el párrafo anterior tiene que ver con que las grandes facultades administrativas a transferir a los hospitales no están en la direcciones de los Servicios de Salud, sino en el ministerio, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Es cierto que los hospitales administran hoy en buena medida el subtítulo 22, es decir la compra de bienes y servicios de consumo, cuando no emerge algún interesado en la idea de "comprando juntos" -personajes de quienes el panorama suele estar poblado- que podría revertir todo a la situación inicial. En la apoteosis del centralismo, hoy el Minsal compra los computadores de los hospitales y está prohibido hacerlo directamente.

Muchas veces los hospitales son vistos como ejecutores de un negocio en que la gestión de los factores de producción -es decir, de los costos- no está en sus manos. Todo está dado determinado por algún planificador del nivel central. Los hospitales públicos no serían más que agencias "efectoras" de una gestión realizada en calle Mac-Iver. Así no hace falta que exista en los hospitales una perspectiva estratégica; tal perspectiva, con toda la ceguera que tamaña distancia de la realidad implica, está en las oficinas del nivel central.

Así resulta que en materia de recursos humanos no hay nada que se pueda hacer una vez definidas las glosas entre el Minsal y la Dirección de Presupuestos, que son los dueños de las dotaciones en planta y en contratas y de las horas extraordinarias asociadas a las mismas en los hospitales. Por lo pronto, cuando los cargos a contrata se han ido haciendo cada vez más semejantes a los cargos de planta, nos hemos enterado que las flexibilidades continúan reduciéndose ahora que el contralor propone terminar con los contratos a honorarios.

Y el segundo tema fuertemente controlado por el nivel central es el uso del subtítulo 29 del presupuesto de los hospitales, donde en el pasado se cargaba algo de autorización presupuestaria para ayudar a resolver problemas urgentes de reposición de equipos que ya han cumplido su vida útil, pero en estos últimos años tal presupuesto llegó a 0 y se obligó a los hospitales a ponerse en la lista de espera de la famosa "circular 33", que distribuye "raspados de olla" a fines de cada período presupuestario, tan a fines que con mucha suerte se alcanzan a ejecutar. Los asuntos descritos muchas veces representan quiebres en la prestación de servicios y serias dificultades para reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Pero aún así se puede administrar, dirán mis colegas optimistas, que por cierto los hay. En efecto, aun así se puede administrar, pero habrá que ser muy creativos -según Einstein, la creatividad surge de la angustia- si se desea hacer algo más que "marcar el paso", por ejemplo creando fundaciones y corporaciones de ayuda como fórmulas para ejecutar subtítulo 21 disfrazado de 22 o como mecanismos indirectos para comprar equipos clínicos que deben reemplazarse. Es decir, "cuchufletas".

Entonces nos queda el amargo sabor de que la autogestión hospitalaria no es más que un cuento en que el barco nunca llegó a puerto. A pesar de los ingentes esfuerzos del Servicio Civil a través del sistema de Alta Dirección Pública para reclutar las competencias directivas apropiadas, el sistema público de provisión de servicios de salud no confía en los gestores que se reclutan y no se les proporcionan los medios. Y henos aquí, los hospitales públicos de Chile, todavía en la prehistoria de la autogestión.

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