Un elemento crítico para la gestión de la pandemia ha sido la "comunicación de riesgo".
Interesante asunto éste de la "comunicación de riesgo", a propósito del caso de doña Jenny Alvarez, diputada de la República en representación del Partido Socialista, quien ha tomado la decisión de no vacunarse, al tiempo que ejercer su legítimo derecho constitucional a concurrir a las sesiones del Parlamento, derecho defendido por Jiles y Auth, y que lamentablemente colisiona con las razones de la salud pública.
A las razones de la salud pública me adscribo no sólo por "deformación profesional", sino también por razones de ética pública y de sentido común, razones por las cuales la diputada debió abstenerse de concurrir al Parlamento y sus colegas debieron encontrar un modo de facilitar el ejercicio de su derecho constitucional a la distancia.
La solución de este asunto no era individual, sino colectiva. Podrían ser muy respetables las creencias de Jenny, pero sólo en la medida que el ejercicio de aquellas no dañase a los demás. Cito entonces a Marco Tulio Cicerón (106 a.C. a 43 a.C.): "Salus Populi Suprema Lex Est".
Resultado final de todo este asunto: la diputada ha contraído la infección y tiene muchos contactos estrechos que ahora habrán de hacer cuarentena y muchos de ellos, por ser colegas parlamentarios, no podrán hacer ejercicio de su derecho constitucional. Ahora sí, el mensaje para la población ha quedado claro.
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