A semanas de cumplirse el plazo fatal que las isapre tienen para ejecutar el fallo de la Corte Suprema, que le ordena a las aseguradoras de salud privada realizar devoluciones de dinero a casi un millón de usuarios por cobros excesivos y no ajustados a las tablas de factores, nos encontramos con esta "industria" moviendo todas sus piezas para presionar por un salvataje a las empresas involucradas.
A las campañas del terror desplegadas por medios de comunicación y plataformas de redes sociales se les ha sumado el actuar de los senadores del movimiento Demócratas Matías Walker y Ximena Rincón, junto a sus pares de Chile Vamos Francisco Chahuán, Javier Macaya y Rodrigo Galilea, quienes ingresaron un proyecto de ley que -en la práctica- busca pasar por arriba del dictamen de la Suprema al proponer recalcular el precio de los planes de forma retroactiva, lo que permitiría a las aseguradoras dejar sin efecto la devolución poco más de US$ 1.400 millones.
Pero para peor, el proyecto, a pesar de las consideraciones políticas, legislativas o jurídicas, fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, poniendo un poder del Estado la "pata encima" sobre otro, hecho de por sí grave y peligroso en el marco debilitado de las instituciones. De paso, se agrega una raya más al tigre del desencanto y desprecio de la ciudadanía hacia el Congreso, que no hace más que ponerse a defender los intereses de los más poderosos y abusadores del país.
¿Por qué Ximena Rincón y Matías Walker corren a salvar a las isapre? ¿Por qué esta misma diligencia no la muestran con los deudores del CAE, con avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo o transformar nuestro nefasto sistema previsional? Simple: son funcionarios. En su actuar político, en su gestión parlamentaria y en su historial público son buenos empleados y funcionales a los conglomerados económicos, quienes se encuentran tras la propiedad de las isapre. Recordemos que la senadora por el Maule fue directora de la AFP Provida entre 2006 y 2010 -luego de ser superintendenta de Seguridad Social entre 2000 y 2005-, y que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como ministra del Trabajo y Previsión Social, tuvo que gestionar la reforma de pensiones. Ya sabemos cómo terminó esa historia.
Así camuflan su rastrera actitud con la manoseada "responsabilidad", cómo dijo el senador Walker al justificar su proyecto, cuando su responsabilidad como parlamentarios debe estar del lado del casi millón de usuarios que deben recibir las respectivas devoluciones, no de quienes se ponen con sus campañas. Queda esto demostrado la investigación periodística que vincula aportes de directores de isapre a las campañas electorales de los parlamentarios de Evópoli Francisco Undurraga y Luciano Cruz-Coke, Javier Macaya y Francisco Chahuán, los dos últimos presidentes de la UDI y RN respectivamente, además de firmantes del proyecto que insta el perdonazo a las aseguradoras de salud privada.
La élite protegiendo a la élite a costa de la salud y los bolsillos de millones de chilenas y chilenos. Esta élite senatorial deja claro que su intención es que debe existir una justicia para ricos y otra para el resto, que respetar los fallos de la justicia corresponde solo para quienes no tienen influencia. Abonan a la injusticia social y la desigualdad que caracteriza a nuestro país.
Se supone que los parlamentarios deben responder a los intereses de sus electores y de la ciudadanía en general, no ser funcionarios que buscan ganar bonos para ingresar a algún directorio tras finalizar su período en el Congreso. Lo pasado esta semana parece decir lo contrario.
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