En las últimas semanas se da, bajo cuerdas y en esquinas oscuras, la discusión respecto de la reforma de salud que presentaría el Gobierno, iniciando con el debate de la ley corta respecto de la eliminación de las preexistencias en las isapre. Los trascendidos sobre esta tramitación dejan dudas, inquietudes y muy pocas certezas positivas.
Lo que sí es claro es que hoy nos encontramos muy lejos de uno de los compromiso del programa de gobierno: "Generaremos un fondo universal de salud (FUS) que actuará como un administrador único de los recursos, a través dela universalización de la cobertura del Fonasa a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las Isapre, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que nos permitirá una administración más eficiente y que asegure equidad".
Pareciera que el camino tomado por la ministra Ximena Aguilera para la reforma de salud que pretende ingresar al Congreso sigue la misma línea de su política de rescate a las isapre.
El primer capítulo se dio a mediados de año, con la rebaja de las devoluciones contempladas en los fallos de la Corte Suprema a causa de los cobros abusivos a los cotizantes, junto con las mejores condiciones de pago establecidas en la polémica "ley corta de isapre".
El llamado "salvataje" a las aseguradoras marca la pauta de la reforma de salud de Aguilera: Eliminar las preexistencias en salud -condiciones o patologías conocidas antes de suscribir un contrato con alguna isapre- a cambio de que éstas sigan contando con una participación significativa en el modelo de salud de nuestro país a través de una compensación de riesgo. Esta estrategia retoma, en gran medida, la propuesta de reforma de salud esbozada durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Lamentablemente, desde la actual administración del Minsal, con la ministra Ximena Aguilera a la cabeza, no ha existido voluntad de diálogo para generar un debate que responda a la necesidad de contar con una reforma que fortalezca el sistema público sanitario -donde se atiende más del 85% de los usuarios-, garantice mayor cobertura y mejor atención; y, por supuesto, mejore las condiciones laborales de los miles de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos del país.
Lamentablemente, las autoridades de salud prefieren sucumbir a los cantos de sirena que dicen que "esto es imposible" o "que no hay viabilidad política". Ambos argumentos son simplemente excusas para no abordar el verdadero problema: No querer tocar el lucrativo negocio de las isapre.
El FUS es una herramienta fundamental para llevar a cabo una verdadera reforma de salud en Chile, y ha sido uno de los mayores acuerdos dentro de la centroizquierda, donde en reiterados documentos antes y durante la pandemia, se señaló la necesidad de avanzar en una reforma de salud que inicie con el FUS, como un primer paso hacia un sistema de salud que democratice la atención médica y que no dependa de la capacidad económica de las personas. Cualquier otra cosa es poner un poco de maquillaje para mantener las cosas como están.
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