Desafío pendiente: inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público

Matías Poblete

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La inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público es extremadamente lábil. Si bien la ley que incentiva la contratación de dichas personas también rige a los órganos del Estado, su cumplimiento es escaso y con muy baja proyección.

Existe consenso en establecer que la causa que da origen a este problema radica en la nula fiscalización y el escaso compromiso de las autoridades. Así entonces, el sector público no está sometido al control del cumplimiento de la contratación de a lo menos el 1% de personas con discapacidad, cuando su dotación es de 100 o más funcionarios, tampoco, existe alguna sanción para aquellos superiores jerárquicos que pasan por alto esta obligación y muchas veces prefieren contratar a amigos, conocidos o familiares; y que incluso utilizan los empleos públicos para pagar favores.

Por estos días, muchas empresas se han esforzado por cumplir la misma normativa que afecta al sector público, demostrando mejores resultados, a pesar de qué nos encontramos con una economía estancada y un sostenido aumento del desempleo en el sector privado. Por otra parte, según informó el INE, en noviembre de 2023 la cantidad de funcionarios públicos aumentó 9,1% respecto al año anterior, lo que equivale a casi 100 mil nuevos puestos de trabajo en el Estado y a pesar de esto, no son cifras representativas en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En este año de elecciones municipales y regionales no se puede pasar por alto la necesidad de que alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales asuman la responsabilidad y obligatoriedad de incorporar a sus equipos a personas con discapacidad. Ya que el talento, las capacidades y las competencias existen, lo que escasea es la voluntad política y la gestión que permita dar cumplimiento a la norma.

Bullada ha sido la medida dirigida por el ministro Mario Marcel, de contratar a un número importante de personas en el sector público, lo que ha apalancado la empleabilidad; sin embargo, se desconoce si dentro de este grupo de nuevos funcionarios existen personas con discapacidad, cumpliendo o no con la cuota de incorporación en las diversas instituciones del estado. Es momento de tomar las herramientas que tenemos como sociedad para transformar las buenas intenciones en acciones concretas, promoviendo una cultura de inclusión que reconozca y valore las capacidades de todas las personas, garantizando así un futuro laboral más equitativo y diverso en el sector público de Chile.