Inmobiliaria Fundamenta: "El que la hace la paga"
En el título de esta columna aludimos a este refrán porque manifiesta con suma claridad que toda falta, daño o mala acción debe recibir un castigo o consecuencia proporcional y en tal sentido, recordamos nuestra columna publicada en este medio "Denuncia infundada en contra del juez Sergio Muñoz", pues con la reciente iniciativa judicial de la fundación Defendamos la Ciudad y otros legitimados, es perfectamente aplicable ese dicho de origen español.
En efecto, la empresa Fundamenta, para su proyecto Plaza Egaña SpA, obtuvo un permiso de edificación en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa para construir cuatro torres de 32 pisos c/u y debido a su excesiva altura, se debía elaborar un estudio de conos de sombra, el que bien hecho, aseguraba la luminosidad a las viviendas emplazadas en un terreno adyacente. Como ello no fue posible, por incapacidad técnica del privado y/o porque la función municipal "no hizo su pega", no se cumplió el procedimiento asignado a ese estudio, la institucionalidad ambiental tuvo que paralizar por varios meses las faenas constructivas del megaproyecto.
Debido a que la prolongada detención del proyecto significaba pérdidas económicas al actor privado, éste hizo gestiones administrativas para salir airoso, sin resultados y por ello el conflicto llegó a los tribunales de justicia. Finalmente la Tercera Sala de la Corte Suprema, con presiones indebidas de esa inmobiliaria, las que tuvieron como resultado: 1°, la destitución del Poder Judicial del magistrado Sergio Muñoz, porque éste respetaba la posición ambiental; y 2°, con un fallo favorable de esa sala, gracias al oportuno manejo de la entonces jueza Ángela Vivanco, el proyecto continuó desarrollándose.
Pero como en los últimos meses los competentes periodistas de investigación de Ciper y Reportea dieron a conocer la existencia de millonarias sumas de dinero que recibieron unos avispados abogados, de parte de la empresa interesada, fue necesario actuar y así fue cómo el pasado 27 de octubre, este columnista con el periodista Alejandro Jiménez y con el ingeniero civil Rodolfo Acha, exfuncionario del Minvu, con un poder y patrocinio que le entregamos al capacitado abogado Gabriel Muñoz, interpusimos una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los involucrados en esta grosera "operación comercial", por los presuntos delitos de cohecho y soborno, la que fue admitida y trasladada al Ministerio Público el 28 de octubre de 2026.
La acción se dirige contra la exministra Ángela Vivanco, de su expareja Gonzalo Migueles, el abogado Eduardo Lagos, el controlador de Fundamenta, Pablo Medina; y Plaza Egaña SpA, además de otras sociedades vinculadas en el negocio. Nosotros, como querellantes, solicitábamos investigar el origen y destino de los recursos y la participación de los responsables de la inmobiliaria en las operaciones denunciadas. El escrito recoge antecedentes sobre un depósito de $13 millones abonado a Migueles, cuando era feliz pareja de Vivanco, el que habría sido ordenado por Lagos el 28 de febrero de 2023 y al día siguiente, la Corte Suprema, con la participación activa de Vivanco, rechazó la reclamación ambiental contra Eco Egaña SpA. Se debe tener presente que Migueles reconoció haber recibido ese dinero por gestionar que la entonces ministra apurara la resolución judicial.
En la querella expresamos que la investigación de la Fiscalía debe llegar hasta los ejecutivos y controladores de la empresa que pudieron conocer o autorizar esas operaciones, pues los vecinos de Ñuñoa que acudieron a la justicia para defender su entorno merecen saber si sus reclamaciones fueron resueltas con independencia, recordando que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en una entrevista del 9 de enero de 2026 con Ciper, que llevaría al pleno las denuncias de faltas a la probidad que recibiera, incluso si fuesen anónimas
Por lo que se ha sabido, los vecinos de Ñuñoa que protegían sus barrios, perdieron en la Justicia porque se cometieron trampas y por ello nosotros tres, a cara descubierta, estamos ejerciendo nuestros derechos para que, en un tiempo más, se conozca absolutamente toda la verdad de lo sucedido. Si se comprueba que el fallo favorable a Fundamenta fue obtenido mediante corrupción, exigiremos que la Corte Suprema, examinando con rigor esa sentencia, la declare nula.