Vivir en un condominio significa compartir mucho más que muros, ascensores, pasillos o espacios comunes. Significa también compartir responsabilidades, decisiones y, especialmente, obligaciones económicas que permiten que una comunidad funcione adecuadamente.
La experiencia de atención ciudadana de la Secretaría Ejecutiva de Condominios muestra que la gestión financiera es un tema que genera dudas y, en algunos casos, conflictos que podrían prevenirse con mayor información, participación y transparencia. El 12% de las consultas ciudadanas que recibe la Secretaría Ejecutiva de Condominios solicita aclaraciones relacionadas con la gestión financiera de los condominios, mientras que 9,2% consulta específicamente por las funciones de los órganos de administración.
Estas cifras dan cuenta de una necesidad concreta: las comunidades requieren herramientas para comprender cómo se administran sus recursos, cuáles son las obligaciones económicas que deben asumir y cuáles son las responsabilidades de quienes participan en su gestión.
La ley 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria introdujo un cambio relevante en la forma en que entendemos la vida en comunidad. No se trata solamente de establecer nuevas reglas para edificios y condominios, sino también de fortalecer la corresponsabilidad de quienes los habitan, reconociendo que su adecuado funcionamiento depende de la participación y del cumplimiento de obligaciones por parte de sus distintos actores.
Y entre esas obligaciones, las económicas ocupan un lugar central. Todas las personas copropietarias deben contribuir a las obligaciones económicas del condominio, de acuerdo con lo establecido en la ley y en el respectivo reglamento de copropiedad. Esto no es un asunto accesorio. Los recursos permiten mantener los bienes comunes, pagar servicios, realizar mantenciones, enfrentar reparaciones y responder ante situaciones imprevistas. En definitiva, permiten que el condominio funcione adecuadamente y que sus espacios y servicios comunes puedan sostenerse en el tiempo.
En este contexto, el presupuesto anual adquiere especial relevancia. Una comunidad que planifica sus recursos puede anticipar sus necesidades y evitar que situaciones previsibles se transformen en problemas urgentes.
Un buen presupuesto debería permitir anticipar, por ejemplo, los gastos de agua, electricidad, personal, aseo y administración; programar mantenciones y reparaciones de ascensores, bombas de agua, cierres perimetrales, ductos de basura u otras instalaciones; considerar eventuales gastos extraordinarios; revisar los recursos disponibles en el fondo común de reserva; y proyectar los ingresos del condominio, incluidos aquellos provenientes de la recaudación de gastos comunes o del eventual arriendo de espacios comunes.
También debe permitir responder una pregunta esencial: ¿Los recursos disponibles serán suficientes para cumplir las obligaciones que tendrá la comunidad durante el año? Si la respuesta es negativa, las personas que integran la comunidad deben saberlo oportunamente. Una gestión financiera responsable no consiste en evitar a toda costa un aumento de los gastos comunes, sino en tomar decisiones informadas que permitan cumplir las obligaciones del condominio y evitar que la falta de planificación termine generando problemas mayores para las familias que viven en él. Pero la gestión financiera no termina en la elaboración de un presupuesto. También requiere transparencia respecto de cómo se utilizan los recursos.
Cuando una comunidad conoce sus ingresos, sus gastos, sus compromisos y sus proyecciones, cuenta con mejores herramientas para participar y tomar decisiones. Cuando la información no está disponible o no es suficientemente clara, pueden surgir dudas, desconfianzas y conflictos que muchas veces terminan trasladándose desde la comunidad hacia otras instituciones.
Por eso, la transparencia financiera no debiera entenderse como una carga burocrática. Es una herramienta para construir confianza y fortalecer la convivencia.
La legislación establece mecanismos para que las comunidades puedan solicitar información y actuar cuando la gestión financiera no se desarrolla adecuadamente. Conocer estas herramientas es parte también de una buena gestión. Participar, preguntar y solicitar los antecedentes correspondientes no significa necesariamente confrontar a quien administra; significa ejercer responsablemente los derechos que existen para contribuir al buen funcionamiento de la comunidad.
Del mismo modo, quienes ejercen funciones de administración tienen un papel fundamental. Administrar recursos que pertenecen a una comunidad exige responsabilidad, planificación, respaldo documental y capacidad de informar oportunamente. La rendición de cuentas, en este sentido, no debiera verse como el punto final de un proceso administrativo, sino como una práctica permanente que permite que las personas conozcan cómo se están utilizando los recursos que aportan.
La gestión financiera de un condominio debe ser entendida, entonces, como una responsabilidad compartida. Pagar oportunamente, planificar, administrar correctamente, informar, revisar y participar son distintas expresiones de una misma tarea: cuidar los bienes comunes y la vida en comunidad.
Y si una parte importante de las consultas ciudadanas que recibimos está relacionada precisamente con estos temas, el desafío institucional es claro: debemos seguir acercando la información a las personas, entregando certezas sobre sus derechos y obligaciones y fortaleciendo las capacidades de quienes día a día sostienen la vida de las comunidades.
La copropiedad inmobiliaria es una forma de habitar que requiere acuerdos, responsabilidades y participación. En ella, las decisiones financieras tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana: en el funcionamiento de un ascensor, en la mantención de una instalación, en la seguridad de los espacios comunes o en la capacidad de una comunidad para enfrentar una emergencia. Por eso, hablar de gestión financiera es también hablar de convivencia, cuidado y calidad de vida.
Una comunidad que comprende cómo se administran sus recursos no solo está mejor preparada para gestionar sus obligaciones. También cuenta con mayores herramientas para participar, construir confianza y enfrentar colectivamente los desafíos de vivir en copropiedad. Porque administrar bien los recursos comunes también es una forma de cuidar la vida en comunidad.