Vivienda en Chile: hechos, no palabras

Luego de los primero seis meses de gobierno del Presidente José Antonio Kast hemos visto en redes sociales y sitios de gobierno el eslogan "Hechos, no Palabras", lo que parece una muy buena y honesta recomendación para aproximarse a lo que se anuncia, sobre todo luego del episodio de la hipérbole sobre la expulsión de 300 mil migrantes en el primer día de gobierno, en que vimos de primera mano que los hechos no coincidían con las palabras que nos dice el Gobierno.

Recientemente, el Ejecutivo anunció el plan de empleo "Chile Despega" con bombos y platillos, con el que busca disminuir el desempleo de 9,5% al 6,5% hacia el 2030. Una de las medidas que llama la atención es el anuncio de la ejecución del 100% de los presupuestos de Vivienda y Obras Públicas de obras ya adjudicadas. Es extraño anunciar como una medida extraordinaria ejecutar el presupuesto que por ley deben cumplir y de obras que vienen de gobiernos anteriores; pero bueno, veremos con los resultados si se logra la meta, por desgracia, hasta ahora los porfiados hechos insisten en no coincidir con las palabras.

El Gobierno anunció en campaña que iba a rebajar el déficit en 3.000 millones de dólares, y en el presupuesto de ley 2027 solicita autorización para endeudarse en 25.000 millones de dólares; anuncian plan de empleo y en simultáneo señalan que van a despedir docentes por la reducción de horas docentes; prometieron 100 mil plazas carcelarias en campaña y en el presupuesto 2027 aparecen 2.700 plazas que vienen del Plan Maestro de Infraestructura del presidente Boric; entre otros ejemplos.

Todos estos hechos nos dicen algo completamente distinto a lo que se anuncia, y Vivienda no es la excepción. En campaña prometieron 400.000 viviendas en los cuatro años, en este presupuesto 2027 nos dicen que la inversión para el programa de vivienda va a aumentar 7%, pero en el mismo presupuesto en una de sus glosas hacen un pequeño, pero fundamental cambio, ya no se pagará a las empresas constructoras anticipos de acuerdo a avance de obras, sino que pagarán los subsidios a las constructoras cuando las obras estén terminadas, recepcionadas e inscritas a nombre de los beneficiarios.

Este pequeño cambio va a afectar directamente a pequeñas y medianas empresas constructoras de nuestro país, que se programaban de acuerdo a los anticipos de obras que paga Serviu como alternativa al financiamiento bancario, en que la banca en la práctica actualmente no está financiando a constructoras hasta que se rebaje el stock disponible.

Esta medida es un misil en la línea de flotación en dos promesas del Gobierno, el combate al desempleo y la construcción de 400.000 nuevas viviendas, sobre todo considerando el empleo que genera la construcción en nuestro país y aleja aún más la meta de vivienda para combatir el déficit habitacional.

"Hechos, no palabras", efectivamente así es como se debe juzgar la gestión del Gobierno, en que si uno analiza lo hecho efectivamente vemos que se ha rebajado y congelado impuestos para las grandes empresas, se modifican las normas urbanas para beneficios particulares y se traspasa los costos a las familias más vulnerables, como ocurrió con la eliminación del Mepco y ahora con el aumento de precios de la parafina, por desgracia solo podemos juzgar al gobierno en tiempo de elecciones, por lo que no queda otra alternativa que seguir abogando por cobrar lo prometido, y no quedarnos con eslóganes vacíos que buscan cambiar nuestra percepción de la realidad.