La ineficiencia se corrige, la complejidad se financia

La discusión del presupuesto 2027 vuelve a la misma exigencia: hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Con presupuestos tensionados, listas de espera extensas y necesidades crecientes, resulta difícil objetar ese propósito. La dificultad surge al precisar qué entendemos por eficiencia y, sobre todo, qué estamos dispuestos a considerar ineficiente.

Usar mejor los recursos significa obtener de ellos una mayor capacidad asistencial, una atención más oportuna o una mejor calidad. Ahorrar recursos no significa necesariamente ser más eficiente. Una reducción del gasto acompañada de menos consultas, menos cirugías o mayores tiempos de espera puede aliviar una restricción presupuestaria, pero reducir la capacidad del sistema.

La eficiencia importa porque los recursos son limitados y siempre hay procesos que pueden organizarse mejor. Pero esa búsqueda exige reconocer un límite: hay pacientes cuya atención requiere, legítimamente, más tiempo y más recursos.

Una persona con multimorbilidad, dependencia, daño avanzado o una situación social compleja probablemente requerirá más tiempo de atención, más profesionales y más recursos. Un establecimiento que concentra estos pacientes puede tener costos más altos por caso sin que ello constituya, por sí mismo, una señal de menor eficiencia.

Los problemas sociosanitarios muestran esta tensión con especial claridad. Una persona puede tener alta médica y seguir hospitalizada porque carece de una red que permita mantener sus cuidados fuera del hospital. Desde la gestión hospitalaria, esa estadía puede parecer evitable; desde la perspectiva del paciente, persiste una necesidad por resolver. Liberar esa cama exige otra respuesta de cuidado. De lo contrario, el costo se traslada y suele recaer en familias que no siempre tienen condiciones para asumirlo.

Esto importa al evaluar el desempeño del sistema público, que debe responder a las necesidades de la población, incluidas las de pacientes con alta complejidad clínica y social. Los indicadores que ignoran la composición de los pacientes pueden terminar premiando la resolución de casos simples y castigando a los establecimientos que concentran mayor carga de enfermedad y dependencia.

La distinción debe expresarse en el financiamiento. Chile dispone de mecanismos como los grupos relacionados por diagnóstico (GRD), que ajustan el pago hospitalario según la complejidad clínica. El desafío es perfeccionarlos, reconocer mejor las necesidades sociosanitarias y superar las lógicas de asignación basadas en el volumen de prestaciones o en presupuestos históricos, sin suficiente ajuste por complejidad. Tratar casos de distinta complejidad como si fueran equivalentes genera incentivos equivocados.

Hay ineficiencias que deben corregirse y hay complejidad que debe financiarse. Cualquier agenda seria de eficiencia tiene que distinguir entre ambas.

Reconocer estos costos legítimos no impide identificar importantes oportunidades de mejora. Cirugías suspendidas por causas evitables, horas de atención perdidas por inasistencia, exámenes repetidos porque la información clínica no circula, prestaciones de bajo valor o tiempo profesional destinado a tareas que podrían resolverse de otra manera consumen recursos sin producir el beneficio sanitario esperado.

Ahí existe un campo concreto para la eficiencia: reducir duplicidades, mejorar la coordinación, revisar procesos y aprovechar mejor las capacidades disponibles. Esto supone examinar decisiones clínicas: qué examen solicitar, con qué frecuencia controlar a un paciente, qué insumo utilizar o qué prestaciones mantener. La eficiencia involucra a gestores, equipos clínicos, sociedades científicas y organizaciones profesionales.

La mirada debe extenderse a la red completa. Trasladar controles del hospital a la atención primaria puede liberar horas de especialidad, siempre que esta disponga de capacidad para recibirlos. Reducir las estadías hospitalarias puede liberar camas si existen alternativas adecuadas para continuar los cuidados. Una mejora en un establecimiento aporta poco cuando la carga reaparece en otro nivel o se traslada a los hogares.

La exigencia de eficiencia suele ser particularmente visible en el sector público, porque utiliza recursos fiscales y debe rendir cuentas ante la ciudadanía. Ese criterio debe servir para examinar toda la atención sanitaria. En el sector privado, la infraestructura y la hotelería de alto estándar pueden responder a preferencias sin traducirse necesariamente en mayor valor sanitario. Cuando los incentivos favorecen una mayor actividad, pueden multiplicarse las prestaciones y los exámenes de escaso valor. Importa evaluar qué resultados produce el gasto.

Por eso, las propuestas formuladas en nombre de la eficiencia deberían responder preguntas concretas: qué capacidad adicional generan, qué resultados mejoran, qué recursos requieren y qué ocurre con los pacientes cuya atención se modifica. Es indispensable comprobar, además, que el ahorro obtenido en un punto no produce mayores costos, esperas o cargas en otro. La evaluación debe considerar el recorrido completo del paciente, no solo el resultado contable de un establecimiento.

La discusión gana poco cuando se reduce a la expectativa permanente de hacer más con menos. En ocasiones, una mejor organización permitirá liberar recursos. En otras, será necesario invertir para aprovechar la capacidad existente. Y habrá pacientes cuya atención seguirá requiriendo mucho tiempo, cuidados y recursos.

Los recursos sanitarios son limitados. Precisamente por eso importa distinguir dónde hay desperdicio, dónde puede liberarse capacidad y dónde el mayor uso de recursos responde a necesidades que son, simplemente, mayores.