Derechos Humanos y nuestros mayores, promesa en compás de espera

María Paz Carvajal

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Aplausos, felicitaciones y hartas fotos de personas mayores felices circularon por la prensa y las redes sociales en marzo pasado. Por unanimidad, el Senado había aprobado la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores, un documento desconocido probablemente para muchos, pero que podría gradualmente mejorar la calidad de vida de millones de chilenos.

Sin embargo, han pasado casi cinco meses y, lamentablemente, aún no tenemos Convención. Tal cual. La historia es la siguiente. Chile estuvo entre los primeros países en suscribir el instrumento internacional en 2015, luego pasó a tramitación legislativa en junio de 2016; el 8 de marzo de este año los parlamentarios la aprobaron y, desde entonces, su promulgación por parte de la Presidenta figura en compás de espera.

Es tan evidente el retraso, que la Cámara de Diputados envió este mes un oficio a la Presidencia “para que tenga a bien disponer la pronta promulgación del proyecto de ley que aprueba la convención”, mientras que la bancada UDI ya anunció un oficio de fiscalización a raíz del desfase (que también afecta a otros convenios internacionales).

El diputado UDI Gustavo Hasbún llegó a calificar la tardanza como “una maniobra de la izquierda chilena, para impedir que los presos de Punta Peuco que se encuentren en condiciones médicas urgentes accedan a pasar sus últimos días en sus hogares”.

Mejor ni pensar en tamaña mezquindad política que perjudicaría a más de 3 millones de adultos mayores y sus futuras generaciones. La Convención Interamericana es el resultado de un trabajo de cuatro años de negociaciones entre los Estados miembros de la OEA y, en la práctica, busca asegurar 26 derechos específicos de las personas mayores, tales como igualdad y no discriminación por razones de edad, trato digno en la vejez, salud, trabajo, educación, cultura, vivienda, accesibilidad, entre muchos más.

Se trata, por lo tanto, de un importante compromiso del Estado en favor del bienestar de los chilenos de 60 años y más ya que la Convención, al ser jurídicamente vinculante, exigirá ir adaptando las políticas nacionales orientadas a las personas mayores a un estándar internacional en materia de protección de los derechos fundamentales, así como ir creando nuevas normativas que respondan a las necesidades de este grupo etario. Pero sin promulgación, no hay ratificación internacional de la Convención por parte de Chile. 

¿Por qué tanto retraso? Prefiero pensar que tiene que ver con la clásica burocracia del Estado o que quizás se están dando vueltas en dilucidar cómo este instrumento puede ser interpretado por la ciudadanía y por ende cómo va a impactar en el surgimiento de nuevas demandas sociales, por ejemplo, de salud, trabajo y real participación. Y es que da buena prensa suscribir convenios internacionales, pero otra cosa es con guitarra. Los adultos mayores en Chile son ciudadanos cada vez más empoderados, que votan en masa, pero ya no regalan el voto.

Son el grupo etario más organizado de nuestra sociedad y hoy también salen a las calles a manifestarse. Han marchado por la rebaja en el transporte público, se han sumado a las movilizaciones en contra del sistema de AFP, han apoyado a las mujeres, a los ambientalistas, los estudiantes y la diversidad de género. Tómenlos en serio, que más temprano que tarde estarán exigiendo lo que el mismo Estado les prometió. 

Más aún si el mismo Estado, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), ha estado por años realizando una tarea silenciosa, pero fundamental para empoderar a los grupos de mayores.

De hecho, confiando en que falta poco para la promulgación de la Convención, el equipo de Senama está adelantando tarea y ya están desplegándose a nivel nacional para informar a las agrupaciones de adultos mayores acerca de los alcances de la Convención. Hasta una completa cartilla de 20 páginas sobre la materia se está distribuyendo de Arica a Magallanes.

Con esta no solo aprenden a reconocer sus derechos y los deberes que asume el Estado al ratificar la Convención, sino que también se enteran de los mecanismos de seguimiento, entre los que se incluye el que cualquier persona puede presentar denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos ante la Comisión Interamericana de DDHH.

Señores asesores de La Moneda, pisen el acelerador, porque la sociedad civil hoy se informa rápido y pronto sale a las calles.

Sería lamentable que todo este enredo de la tramitación de la Convención de DDHH de las personas mayores lleve a pensar que una vez más las decisiones de políticas públicas en nuestro país sufren del mal de la improvisación y adolecen gravemente de falta de coordinación.