Esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara revisa el proyecto de Sala Cuna Universal, antesala de su votación final en la sala. Y el Gobierno llega con la misma fijación de siempre: financiarlo con los recursos del Seguro de Cesantía.
El mecanismo de financiamiento de este proyecto, sin eufemismos, le mete la mano al bolsillo a las y los trabajadores al crear una cotización de 0,3% de cargo del empleador para un Fondo de Sala Cuna, pero ese mismo empleador deja de aportar exactamente esa cantidad al Seguro de Cesantía: 0,15 puntos menos a las cuentas individuales de las y los trabajadores y 0,15 puntos menos al Fondo de Cesantía Solidario.
El ministro Tomás Rau lo presenta como una fórmula sin costo laboral. Falso, ya que solo a los empleadores les sale gratis; en cambio, para las y los trabajadores significa menos ahorro en su cuenta y un fondo solidario más delgado para el día que pierdan el empleo. Bajar de 0,35% a 0,3% fue mover una coma: el fondo del problema sigue intacto.
Nadie discute que esta ley es importante. Terminar con el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a dar sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras, es una demanda histórica de la CUT, porque esa regla ha operado por décadas como un castigo a la contratación de mujeres. Pero la realidad muestra una contradicción difícil de ignorar.
Según el INE, el desempleo de las mujeres llegó a 10,5% en julio-septiembre, 1,4 puntos más que hace un año. En ese escenario, el gobierno propone debilitar justamente el instrumento que protege a las familias cuando se pierde el trabajo. Una ecuación nefasta: más desempleo y un seguro de cesantía más débil.
Hay preguntas que el Presidente Kast y sus ministros no han respondido. ¿Qué garantiza que eliminar la barrera de las 20 trabajadoras se traduzca en más empleo femenino, sin una política activa de empleo? ¿Por qué el Gobierno se obsesionó con este diseño? ¿No estaremos convirtiendo el Seguro de Cesantía en un subsidio a la contratación pagado por los propios trabajadores? ¿Y qué tipo de empleo se creará?
El otro flanco que hace inviable este proyecto es que no asegura financiamiento a la red pública de Junji, Integra y los jardines VTF. Y mantiene el copago, que no es otra cosa que trasladar el costo a las familias. Lo que el aporte no cubra lo pagarán los hogares, y el golpe será más duro para quienes menos ganan. Una mujer con sueldo mínimo no tiene cómo pagar esa diferencia para su hijo menor de dos años. Un derecho que no se puede pagar no es un derecho: es letra muerta.
Este domingo, en una carta a El Mercurio, ChileMujeres, ComunidadMujer, Fundación Todas y Mujeres Empresarias llamaron a aprobar el proyecto. Compartimos la urgencia y el diagnóstico sobre el artículo 203, pero la propia carta reconoce que hay que mejorarlo: pide que el fondo financie a las salas cuna públicas para extensión horaria y funcionamiento continuo. Es decir, admite que la red pública hoy no está asegurada. Y cuando celebra que eso tenga "cero costo fiscal", omite lo esencial: ese costo no desaparece, lo pagan las y los trabajadores con su Seguro de Cesantía.
Frente a este diseño, la CUT puso sobre la mesa una contrapropuesta: el Fondo Nacional de Cuidados Integrales. Reorganiza los recursos de la ley Sanna en un solo fondo de cuidados y los suplementa con una cotización de 0,2% solo para grandes empresas, con las mipymes exentas, y un aporte fiscal permanente de 0,047% del PIB. Sin tocar un peso del Seguro de Cesantía, con copago cero para las familias y fortaleciendo Junji, Integra y los VTF. Y mira hacia adelante: es la base de una plataforma nacional de cuidados, con responsabilidad compartida entre el Estado, los empleadores y la sociedad.
La Cámara tiene esta semana la oportunidad de corregir el rumbo. Rectificar no es perder. Si el Gobierno quiere una ley que se cumpla y no un titular, debe dejar la tozudez y abrir un diálogo real. Las trabajadoras de Chile necesitan una sala cuna con derechos, no una promesa financiada con sus propios ahorros.