El valor público de una universidad estatal y la importancia de su financiamiento
La probidad, la gestión fiscal y la supervisión de los estados financieros de las universidades estatales son temas contingentes en el país, especialmente en momentos en que se da a conocer la propuesta del Ejecutivo para el Presupuesto 2027 y se inicia su debate legislativo en el Congreso.
A esto se suma un reciente estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre los estados financieros de estas instituciones de educación superior, que busca transparentar dicha información. Un ejercicio de transparencia que consideramos oportuno, ya que creemos que es vital ser responsables en el uso de los recursos públicos, siempre considerando la sostenibilidad financiera de nuestras universidades y su impacto en el erario nacional.
El diagnóstico debe ser siempre riguroso, lo que permite tener una mirada real de cómo hoy nuestras instituciones están gestionando sus recursos, considerando que no pueden ser homologadas con otro tipo de empresas públicas o corporaciones nacionales privadas, ya que su misión es completamente distinta.
Una Universidad del Estado no es una empresa que vende servicios o productos, ni su propósito es maximizar los márgenes de rentabilidad. Somos proyectos educativos con impacto social de largo plazo, motores de movilidad social para miles de familias del país, con un alto desarrollo de la investigación, innovación y creación en áreas muy diversas del conocimiento, vinculando a las comunidades con el arte y la cultura, y otras tantas actividades que nos esforzamos por incorporar en nuestro quehacer diario, lo que nos sitúa como un baluarte de la descentralización y equidad territorial.
Por otro lado, cuando se analiza la salud financiera de nuestras instituciones, es importante realizar un diagnóstico muy técnico, donde por ejemplo se debe diferenciar entre el endeudamiento financiero efectivo (como podrían ser créditos tomados con la banca) y aquellos pasivos contables propios de la operación con el Estado (como pueden ser deudas por proyectos en ejecución o transferencias programáticas diferidas), que directamente no pueden considerarse un endeudamiento efectivo, ya que corresponden a ingresos anticipados y compromisos con el propio Estado, aquí debe entenderse que la mayoría de los recursos para el financiamiento de las universidades estatales proviene desde el Ministerio de Educación.
Si se observan los datos entregados por la Dipres para el 2024, se evidencia que el sistema de universidades estatales, en su gran mayoría, opera con responsabilidad y equilibrio operativo, pese a desenvolverse en un contexto altamente adverso.
En el caso de nuestra institución, los datos que allí aparecen presentan números positivos, con un superávit de más de 4.000 millones de pesos e indicadores financieros positivos. Habría sido interesante que el estudio incorporara información de 2025, ya que varias de las instituciones analizadas generaron cambios positivos en materia financiera. De hecho, nuestra institución en ese período alcanzó un resultado de M$8.780.410.
Frente a todo este escenario, es fundamental avanzar en la conversación sobre cuáles son las condiciones de operación de las universidades estatales, que hoy compiten bajo reglas más estrictas que las instituciones de educación superior no estatales. Por otra parte, al compararse con otras instituciones públicas, también estamos en desmedro, pues tampoco son incorporadas en algunas normativas que afectan al sector público. Un ejemplo de esto se observa con el reajuste al sector público, que implica aumentos de presupuestos para las instituciones del Estado, pero que en las universidades estatales, debe ser absorbido con recursos propios o reasignaciones internas.
Además, operamos con una sobrerregulación. Debemos cumplir con normas de Mercado Público, Contraloría, Consejo de Transparencia y un sinnúmero de otros entes regulatorios, lo que impone una densa rigidez administrativa que ralentiza la gestión frente a entidades privadas no sometidas a dichos estándares.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE), en su estudio del "Mercado de Educacion Superior" reconoce formalmente estas asimetrías, que dicen relación con el régimen de compras públicas (que limita la competitividad frente a IES privadas), restricciones administrativas y de gestión propias del sector público (se hace sólo lo expresamente citado en las norma), rigideces en gestión de recursos humanos y contrataciones ( dificultades de desvinculación, procesos vía Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado), dificultades para competir en captación de estudiantes y académicos (restricciones a la negociación). Si bien el estudio, no sugiere eliminar el carácter público de las IES Estatales, propone crear un "régimen de derecho público diferenciado" que implica mantener la naturaleza estatal, pero con flexibilidades operativas específicas.
Seguramente si compitiéramos en iguales condiciones, podríamos optimizar un gran porcentaje de nuestros gastos operacionales, considerando un marco de compras y contratos, adaptado a la dinámica universitaria distinto al actual sistema público de adjudicación al que nos obliga la ley.
Esperamos que este tipo de situaciones se puedan abordar con una mirada de modernización del Estado. Las universidades públicas podrían generar ahorros derivados de sobrecostos que son transversales y reconocidos, sin que ello signifique en absoluto debilitar los mecanismos de control, probidad y transparencia en el uso de los recursos.
Competimos, en definitiva, con una mochila burocrática y regulatoria que no tiene equivalente en el sector privado, pero con la misión irrenunciable de responder con excelencia.
Pese a este terreno dispar, la Universidad de Talca ha alcanzado un nivel altísimo de desarrollo, siendo reconocida como una institución estatal solvente, responsable y que aporta al desarrollo del país. En 2026 logramos consolidarnos entre las seis universidades de excelencia del país con 7 años de acreditación, el máximo posible, y esperamos seguir en esta senda acompañados por un financiamiento acorde a estos requerimientos.
Estamos atentos a la información que nos entregará el Ministerio de Educación sobre las partidas relacionadas al financiamiento para el 2027. Se debe poner atención en que el alcance de eventuales rebajas presupuestarias podría afectar el desarrollo de nuestros proyectos universitarios, especialmente en regiones, en donde hoy más se necesita del aporte de las universidades del Estado como motores de innovación, empleo y desarrollo económico con impacto social.
Creemos firmemente que el Estado debe seguir fortaleciendo a sus universidades, cuidarlas es cuidar el patrimonio cívico-social y el futuro de Chile. Estamos disponibles para seguir perfeccionando nuestros gobiernos corporativos y la rendición de cuentas, pero también necesitamos que la cancha se empareje, para que la educación pública siga siendo un pilar de desarrollo para el país.