Cinco tesis sobre la crisis en Venezuela

El gobierno de Maduro es un gobierno autoritario que carece de legitimidad democrática

Cierto. El gobierno de Maduro se convirtió en un régimen autoritario el año 2017 con la suspensión temporal del parlamento (Asamblea Nacional) por parte del poder ejecutivo, y luego con la instauración también por parte del ejecutivo de una Asamblea Constituyente con poderes legislativos.

Las elecciones presidenciales de mayo del 2018 se realizaron sin cumplir estándares internacionales y con serios cuestionamientos por parte de la oposición que termina por restarse de los comicios.

Cualquier acción internacional es legítima para reestablecer la democracia en Venezuela.

Falso. De la ilegitimidad democrática de un régimen político no se deduce que cualquier acción internacional para cambiar dicho régimen sea legítima. Hay normas internacionales, y las acciones de los Estados deben regirse por dichas normas.

En el caso de las Américas, Venezuela ha violado las normas democráticas y de respeto de los derechos humanos existentes en el derecho Interamericano (Carta Democrática Interamericana, Carta de la OEA, Convención Americana de Derechos Humanos), y los países miembros de la OEA pueden en ese contexto aplicarle sanciones al gobierno venezolano, incluida la suspensión de Venezuela de dicha organización.

Sin embargo, la proclamación y reconocimiento de un presidente interino paralelo, como hemos visto la semana pasada, no está contemplada en ninguna norma internacional del derecho interamericano.

El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo por parte de Chile (y otros países de la región) ha sido un acto responsable de gobiernos comprometidos con la democracia y la libertad.

En parte si y en parte no. Es razonable pensar que los gobiernos que han reconocido a Guaidó desean genuinamente que Venezuela restablezca el orden democrático, como primer paso para superar la crisis social y económica.

Al mismo tiempo, hay países sudamericanos como Colombia que tienen intereses adicionales (frenar la migración masiva) para apoyar un cambio de régimen en Venezuela.

Sin embargo, las decisiones en política no deben regirse solo por principios e intereses, sino deben ser responsables, es decir deben tomar en consideración sus consecuencias, especialmente si se está actuando por fuera de los procedimientos autorizados por las normas internacionales.

Una acción internacional debe cuando menos tomar en consideración que sus expectativas de éxito (contribuir a un cambio de régimen de manera pacífica), sean razonables.

Con el apoyo internacional, Juan Guaidó podrá llamar a elecciones y dar paso a un retorno de Venezuela a la democracia.

Hay razones para pensar que va a ser difícil. Guaidó ha sido reconocido internacionalmente como presidente, sin embargo, no tiene el control del territorio nacional, pues no controla ni las fuerzas armadas ni de seguridad.

Los países que han reconocido a Guaidó no han dicho como piensan garantizar el cumplimiento de las políticas y medidas que este adopte. Solo Donald Trump ha reiterado que no descarta ninguna opción, incluido el uso de fuerzas militares. Sin embargo, es muy difícil que el Congreso de Estados Unidos autorice una acción militar en Venezuela, la que contravendría además las normas interamericanas.

Guaidó requiere del apoyo del ejército para poder desalojar a Maduro, y llamar a elecciones.

Cierto. Pero es difícil y se corren muchos riesgos. Hay varias razones para explicar por qué el ejército, hasta el momento, ha cerrado filas con Maduro. El chavismo, como ideología, tiene raíces profundas en el ejército venezolano; el gobierno de Maduro les ha asegurado a los oficiales de alto rango del ejército una serie de rentas; el ejército desconfía de la oposición, en especial del ala radical de derecha; los oficiales del ejército saben que tienen influencia sobre Maduro, influencia que perderían con otro gobierno.

Una fractura en el ejército podría ser la opción que Guaidó está esperando, pero podría ser altamente riesgosa pues provocaría un enfrentamiento con pérdida de vidas de civiles.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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