Lecciones ambientales desde Ecuador
En las últimas semanas hemos visto cómo escalan las protestas y también la violenta represión en Ecuador, que incluso ha significado la muerte de al menos cinco personas.
La causa de este complejo escenario social es la toma de una serie de medidas de austeridad por parte del gobierno ecuatoriano, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los ecuatorianos les llaman #paquetazo y las califican como neoliberales. Entre ellas, la que ha causado más polémica es la supresión de los subsidios a los combustibles, siendo la medida puntual que ha sacado a la gente a las calles y puesto en aprietos al gobierno de Lenin Moreno.
El escenario se hace muy interesante de analizar no sólo en el contexto actual de Ecuador, sino también en la lucha global contra el cambio climático.
Las causas del cambio climático son conocidas, al igual que sus soluciones, siendo la principal la necesidad de dejar de usar combustibles fósiles. En ese escenario, promover su uso a través de subsidios, es claramente una política equivocada.
Ahora bien, Ecuador no tomó esta medida por cuestiones ambientales, sino meramente financieras y dentro de un paquete que contiene otras medidas que también han causado polémica, como la reducción de salarios y vacaciones de funcionarios públicos. Los motivos de las protestas, por lo tanto, son variados e incluyen a una multiplicidad de actores, no siendo la cuestión ambiental uno de sus componentes principales.
Por otro lado, no es menos cierto que el FMI está promoviendo como una acción urgente contra el cambio climático, la supresión de este tipo de subsidios.
El problema es que la economía global y nuestro estilo de vida occidental, están basadas en la existencia de energía barata.
Así, el transporte a precios que no consideran las externalidades negativas de la quema de combustibles fósiles es parte de las bases de nuestro modelo de desarrollo actual.
Por lo mismo, un cambio brusco en esta realidad produce rápidamente un efecto en cadena que sube los precios de los elementos más básicos para la población, afectando a todos, pero de manera más grave a quienes están en situaciones de vida más vulnerables.
Esto no significa que esos subsidios deben persistir ni que no haya que tomar medidas radicales contra los combustibles fósiles, pero sí que cuando se toman medidas de combate contra el cambio climático, análogas a las tomadas en Ecuador por otros motivos, ellas deben venir empaquetadas con políticas que impidan la regresividad de las medidas y deben gozar de legitimidad democrática.
De otra manera, arriesgamos que sean las mismas personas que fueron afectadas por las causas del cambio climático (destrucción de selva para la extracción del petróleo), luego por los efectos del cambio climático ( sequías prolongadas), las que ahora tengan que pagar por las soluciones al cambio climático.
La transición hacia una economía que no esté basada en los combustibles fósiles es una cuestión urgente.
Hacer esa transición demanda una preocupación por la democracia, la justicia distributiva y por los modos de vida de las personas en situaciones económicas más vulnerables, así como una reflexión y fundamentación adecuadas que permitan la legitimidad de esas medidas. Dejar de pagar, con salud y expectativas de vida, las externalidades del uso de combustibles fósiles es algo que legitima una política pública de eliminación de subsidios. Dejar de comprometer el bienestar de las generaciones futuras, también.
Ejemplos como el de Ecuador nos muestran cuales podrían ser las consecuencias de no hacer una reflexión adecuada y de intentar imponer un nuevo costo a quienes ya pagaron por la producción de la contaminación y quienes además menos han contribuido a generar el problema.
Para dar una salida efectiva a la crisis climática, la reflexión sobre la transición justa es una necesidad ineludible.
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