Las "lagunas" de Talca: no nos corresponde pagar la cuenta solos
La puesta en marcha del Complejo Penitenciario La Laguna y la denominada Operación Cancerbero son un buen ejemplo de decisiones que son necesarias para el país, pero cuyos costos no pueden distribuirse de manera indiferente entre los territorios.
Más de 1.500 personas privadas de libertad fueron trasladadas hasta el nuevo recinto, muchas de ellas consideradas de alta o máxima peligrosidad. La Laguna tiene capacidad para 2.320 internos y hoy alberga a poco más de 1.900. Se ha convertido, así, en una pieza relevante de la política penitenciaria nacional.
Sería insensato discutir la necesidad de que el Estado recupere el control de sus cárceles, enfrente al crimen organizado y disponga de establecimientos penitenciarios modernos y seguros. Pero una pregunta resulta no solo válida, sino justa: ¿Qué recibe Talca a cambio de asumir una responsabilidad de esta magnitud?
Porque una política nacional también puede generar costos locales. Y cuando esos costos se concentran en una ciudad, resulta razonable hablar de compensación.
Durante años se sostuvo que el traslado de la cárcel ubicada en plena Alameda permitiría liberar un terreno extraordinariamente valioso y avanzar hacia un centro cívico. Se trata de una manzana de más de 10.000 metros cuadrados, ubicada en uno de los sectores más relevantes del centro de Talca.
En enero de este año se suscribió, incluso, un protocolo para avanzar en la prescindencia de ese terreno y hacer posible el proyecto. Sin embargo, en agosto el subsecretario de Justicia señaló que el cierre de la cárcel de Talca no estaba previsto en el corto plazo.
Es decir, lo que parecía una consecuencia natural de la construcción de La Laguna vuelve a quedar en una nebulosa. Y Talca no puede quedar atrapada, una vez más, entre anuncios, compromisos y dilaciones.
Pero la compensación que la ciudad merece y nos interesa resaltar no se agota en el futuro de ese terreno. La jurisdicción también es parte del sistema de reforzamiento de la seguridad. En este sentido, no puede perderse de vista que el Maule tiene 1.123.008 habitantes, según el Censo 2024: 7,5% más que en 2017. Talca supera los 232 mil habitantes por sí sola. Y si a esa realidad demográfica agregamos una nueva infraestructura penitenciaria destinada a recibir población penal de alta peligrosidad proveniente también de otras regiones, resulta inevitable preguntarse si las capacidades institucionales de la jurisdicción maulina están preparadas para esta nueva realidad.
La respuesta, al menos en materia judicial, parece ser que no completamente. Hace pocos días, con ocasión de los 138 años de la Corte de Apelaciones de Talca, su presidente, el ministro Carlos Carrillo, volvió a plantear la necesidad de aumentar la dotación de ministros y jueces de los tribunales de la región. Su advertencia fue clara: no basta con aumentar una sala de la Corte si los tribunales de primera instancia permanecen con las mismas capacidades.
Vaya por delante que no se trata de una demanda corporativa. Se trata de algo bastante más evidente, por lo demás: si aumentan la población, la conflictividad y las exigencias de persecución penal, el sistema de justicia debe tener capacidad para responder.
Una política de seguridad no termina en la puerta de una cárcel, en este caso La Laguna. Requiere policías, fiscales, Gendarmería, defensores, infraestructura penitenciaria y tribunales capaces de actuar oportunamente. Por eso, la discusión no se reduce a estar a favor o en contra de La Laguna y de la Operación Cancerbero (ambos son una realidad ya). La pregunta importante es otra: ¿Cómo hacemos para que una decisión nacional de seguridad también represente una oportunidad de fortalecimiento para Talca y el Maule?
Eso supone, al menos, tres cosas: claridad y plazos respecto del futuro de la cárcel de la Alameda; avanzar efectivamente hacia el centro cívico; y fortalecer la jurisdicción judicial maulina con los jueces, ministros, infraestructura y recursos que esta nueva realidad demanda.
Talca puede y debe ser parte de la respuesta frente al crimen organizado, como parte de la política nacional. Pero contribuir a una política nacional no significa pagar sola sus costos territoriales.
Y lo ocurrido recientemente vuelve a recordárnoslo de manera dramática, con un intento de fuga. Un interno trató de escapar de la cárcel de la Alameda, la otra cárcel de Talca (la antigua). Según los antecedentes conocidos hasta el momento de escribir estas líneas, vestía prendas similares al uniforme de Gendarmería, logró llegar hasta el muro perimetral y, luego de desoír las instrucciones de un funcionario, este utilizó su arma de servicio. El interno cayó desde una altura considerable, fue trasladado al Hospital Regional de Talca y finalmente murió. Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI investigan las circunstancias del procedimiento y la causa precisa del fallecimiento.
No nos corresponde ni pretendemos anticipar conclusiones sobre las responsabilidades en un hecho que está siendo investigado. Pero sí podemos constatar algo evidente: la antigua cárcel de Talca sigue ahí y sus problemas no desaparecieron con la inauguración de La Laguna.
Por eso, Talca: no otra vez. No otra vez una ciudad que espera, mientras las decisiones se dilatan. No otra vez compromisos que pierden fuerza con el paso del tiempo. No otra vez asumir responsabilidades nacionales sin el correspondiente fortalecimiento local.
Talca puede aportar a la seguridad del país. Lo ha hecho y seguirá haciéndolo. Pero si la ciudad va a ocupar un lugar estratégico en la política penitenciaria de Chile, es legítimo exigir que también ocupe un lugar estratégico en las políticas de justicia, seguridad y desarrollo territorial.
La seguridad del país es una responsabilidad de todos. Lo que no corresponde es que Talca siga pagando sola la cuenta. Ojalá estemos sólo ante una "laguna" temporal de memoria, y el gobierno y el Estado se hagan cargo de cuestiones tan caras para el Maule y Talca, que ligan directamente con el fortalecimiento de la seguridad, si de verdad la apuesta de esta política nacional quiere ganar sustento también en la jurisdicción.