Mitos de la seguridad jurídica en la privatización de las aguas

Christian Tapia

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Durante todo el siglo XX y parte del presente, en específico la etapa post Segunda Guerra Mundial, hemos visto caer los paradigmas totalitarios de uno y otro lado, situándonos en un punto de la historia donde los problemas requieren una aproximación compleja, holística e integral.

Seguramente a estas alturas, año 2021, estamos viviendo un cambio de época, cual 1920, donde lo que está por venir no termina de configurarse y lo que está por quedar atrás no muere del todo.

En ese mismo sentido, al abordar la temática del agua y su gobierno, podemos entender que muchos autores y especialistas están promoviendo hace años una aproximación integral como manera de abordar las temáticas sobre el agua. Las soluciones únicas, definitivas y estáticas deben dar paso a los procesos de aprendizaje, adaptativos y heurísticos.

De tal modo, es que podemos mirar desde lejos el tan manoseado concepto de "seguridad jurídica" en torno a la propiedad privada de las aguas, donde muchos sectores que actualmente se encuentran en la trinchera de defender a ultranza el actual modelo privado de aguas generan una histeria a la población, amenazando que los capitales huirían del país, por tener una temporalidad de 20 o 30 años de derechos de agua en lugar de poseerlas a perpetuidad.

Nada más alejado de un enfoque integral es este debate en torno a una propiedad privada de aguas versus una nacionalización. Lo que la sociedad en su conjunto debe entender, y de este modo exigirles a los legisladores, es que debe poner el agua en su justo significado como producto de un acuerdo común.

El agua en sí es un bien común de carácter ambiental, y que por su naturaleza tiene la posibilidad de generar aprovechamientos económicos y sociales que pueden tornarse privados o públicos, pero nada esto es negro o blanco, esto o lo otro. Más bien tiene muchos grises, es esto "y" lo otro. En definitiva, tiene componente privada y pública en diferentes niveles según su estado y uso. Por esto, la discusión para una futura Constitución es ponernos de acuerdo que tipo de bien significa el agua para los ciudadanos de esta nación.

Entendiendo que el agua es actualmente un bien nacional de uso público, es decir, pertenece a la nación toda, y además cumple roles esencialmente públicos (no confundir con estatales), y de ninguna manera puede esta función confundirse con el uso propiamente tal una vez extraído el vital recurso desde su fuente para un uso determinado.

En cualquier marco legal y en cualquier actividad, lo privado está enmarcado dentro de lo público. Usted dentro de su hogar privado, no puede hacer lo que se le plazca, por ejemplo, no puede poner la música fuerte en la noche o no puede encender la chimenea durante premergencias, dado que debe respetar las normas mínimas que rige los comportamientos y que le impone la ley que es esencialmente un pacto social de carácter público. Su comportamiento individual está regido por lo público, lo mismo ocurre con el aprovechamiento particular de un derecho de agua.

Por lo tanto, hay que ser muy claros en que la función social de este bien vital, por la naturaleza del agua debe ser la que prime ante todo caso. Esta es la seguridad jurídica más importante para las personas, como por ejemplo el agua para el mantenimiento y conservación de los ecosistemas, y para el consumo vital del ser humano.

Así, esta defensa sobre la "seguridad jurídica" no es más que una defensa de poder y de privilegios en torno a la explotación de bienes naturales. Este concepto debe obedecer a un acuerdo entre las partes y estar dentro del proceso de gobernanza del agua, es decir, ser adaptativo y capaz de generar respuestas con una mirada holística e integral.

El juego de suma cero ha llevado a un periodo de casi tres décadas con escasos avances en esta materia, con un país vulnerable a los impactos del cambio climático y que ya se encuentra atrasado para enfrentar los desafíos de la gestión del agua, éstos identificados en múltiples informes nacionales e internacionales.

Basta ya de trincheras, sería la hora de redirigir el foco de la discusión, y quienes ostentan el poder sobre los bienes naturales deben olvidar las campañas del terror, falsas e improductivas para generar los avances.