Nuestras aguas: Fiscalizar por el bien común

Rodrigo Sanhueza Bravo

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Nuestra Constitución señala que "el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común". A partir de este principio, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas cuenta con herramientas regulatorias, de fiscalización y supervigilancia, para velar por el uso de las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran en las cuencas, las que pertenecen a todos los habitantes de la nación.

El 2023 fue un año con cifras históricas en cuanto a cantidad de fiscalizaciones resueltas y multas cursadas, y en 2024 seguimos en la misma senda. Ahora bien, ¿es ese nuestro fin último? Sin duda que la respuesta es no. Nuestro objetivo es disuadir las infracciones a las normas del Código de Aguas y avanzar hacia la seguridad hídrica, tanto en cantidad y calidad para el consumo humano y las actividades productivas, así como también la conservación y preservación de los ecosistemas y la resiliencia antes las amenazas (y realidades) de sequías y crecidas.

Ha sido justamente en las regiones más afectadas por la sequía, Coquimbo y Valparaíso, donde se han resuelto el 26% de las fiscalizaciones del país aplicando multas, por un total de 1.300 y 580 millones de pesos, respectivamente. Es decir, en ambas regiones que cuentan con decretos de escasez hídrica se concentran los esfuerzos para velar por el consumo humano de la población y por el cumplimiento de la normativa vigente.

El compromiso de nuestro gobierno es cautelar el buen uso y cuidado del agua, entre otras materias, por lo que se ha reforzado a los equipos de fiscalización en las 16 regiones y asimismo se ha avanzado en la incorporación de nuevas tecnologías que han permitido complementar las actividades que se realizan en terreno y en el análisis de antecedentes. Con el objeto de fortalecer esta línea de trabajo, hace un par de semanas junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, nos recibió el director espacial de la Fuerza Área, general de Brigada Luis Sáez Collantes, y su equipo del Sistema Nacional Espacial, generando un espacio para avanzar en un trabajo conjunto entre ambos organismos y así potenciar el uso de tecnología de punta.

Conscientes de que hay brechas por resolver, el MOP y la DGA han trabajado en un proyecto de ley que ha avanzado en el Congreso, cumpliendo ya con su segundo trámite legislativo y que esperamos sea ley este año. Este boletín busca simplificar los procedimientos de fiscalización estableciendo mecanismos de corrección temprana, a fin de preferir una rápida solución.

En los años 2018 y 2022 se han producido hitos emblemáticos en términos de adecuaciones normativas, ya que se dictó la ley 21.064 que introdujo modificaciones en materia de fiscalización y sanciones, y la 21.435 que reformó el Código de Aguas, estableciendo la priorización del consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y saneamiento.

Es por lo anterior, que acabamos de actualizar el "Manual de procedimiento administrativo de fiscalización y sanción", ya que se ha generado experiencia, jurisprudencia y un aprendizaje continuo que hacía necesario reforzar la estandarización y protocolos de aplicación nacional y que ya se publicó en el Diario Oficial. Sin perjuicio de que estamos conscientes de su actualización periódica y la necesidad de dictar otros cuerpos normativos que estandaricen los procesos a nivel nacional y aseguren una gestión transparente a los administrados.

Claramente, hemos estado en el territorio a través de nuestros equipos de la DGA, con recursos tecnológicos al servicio de la ciudadanía y de los usuarios y usuarias del agua para construir seguridad hídrica. Sin embargo, esto es tarea de todos. La sociedad debe estar consciente de que existen actos que trasgreden el Código de Aguas y que perjudican a las comunidades, sus bienes e incluso el futuro de las nuevas generaciones. Tenemos que actuar como sociedad conforme a derecho y ejercer el rol fiscalizador ciudadano denunciando las eventuales faltas, no solo pensando en nuestra situación hídrica actual, sino que en el futuro del país y de todas y todos sus habitantes con una mirada integral de largo plazo.