Plantas desaladoras y un mar ¿que es de todos?

La sequía y la desertificación en nuestro país, tanto en las regiones del norte como del sur, son fenómenos imposibles de negar. Frente a esta situación se han barajado distintas opciones para afrontar los problemas de sequía y asegurar a la población la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

Una de las soluciones planteadas, es la instalación de plantas desaladoras o desalinizadoras.Estas plantas representan una tecnología que implica la extracción de agua de mar que, a través de un tratamiento de osmosis inversa o nanofiltración, la transforma en agua potable para el consumo humano o para procesos productivas.

En Chile actualmente existen varios proyectos de estas plantas especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Sin embargo la mayoría se encuentra en la región de Antofagasta y sirven de abastecimiento tanto de agua potable para la población, como para actividades económicas como la minería.

Esta opción a simple vista puede parecer como la mejor, toda vez que la extracción de agua de mar no tiene, a la fecha,  ningún tipo de regulación. Sin embargo, se deben tener ciertas precauciones a la hora de analizar la pertinencia de este tipo de instalaciones.

Hay tres temas fundamentales en este análisis. Uno de los temas a estudiar, es el lugar físico de instalación de la planta y su impacto en el medio ambiente. Esto porque hay lugares de un gran valor turístico que pueden sufrir impactos y daños patrimoniales, como la playa “La Virgen” en la región de Atacama, donde el año 2011, se pretendía construir una planta desaladora, pero que finalmente la autoridad de la época desechó.

Es vital, por tanto, el establecimiento de planes de zonificación del borde costero que busquen proteger los recursos naturales y que permitan su eventual ubicación en el lugar más propicio.

Además del lugar físico de instalación, otro tema controvertido, dice relación con los eventuales derechos que debiera pagar la empresa desalinizadora por la extracción del agua de mar, que podrían ser asimilables a los derechos de aprovechamiento de aguas respecto de las aguas superficiales.

Lo anterior, considerando que el artículo 589 del Código Civil, establece que “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda” y que cuando su uso pertenece a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos, “el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos…”

Si las aguas tienen la misma naturaleza jurídica de bien nacional de uso público según las normas ya citadas ¿no deberían tener un régimen similar que permita su extracción para distintos tipos de actividades?

Pues bien, la extracción de agua de mar no tiene actualmente ninguna regulación. Las empresas que han instalado plantas desalinizadoras tramitan una concesión marítima que permite el uso particular y que se realiza ante la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Esta es una concesión otorgada a un particular a fin de realizar un objetivo determinado. Esta concesión sin embargo, no es un derecho para extraer el agua de mar, sino que es una autorización para ocupar un espacio de mar y solo eso.

¿Es necesario entonces un mecanismo de tarifas para la extracción de este recurso natural que pertenece a todos los habitantes de la nación? La respuesta es afirmativa. Es imperativa la creación de normas que establezcan este mecanismo tarifario para la captación de agua de mar, toda vez que puede suceder que éste termine siendo el nuevo mercado del agua, donde será la empresa privada quien la extraiga gratuitamente, para luego vender al Estado el agua desalinizada para el consumo humano.

Respecto al abastecimiento de agua potable por esta vía una opción plausible es que fuera el mismo Estado quien financie y realice tales inversiones, a fin de que los ciudadanos no se vean luego afectados a la hora de pagar altos precios por el consumo de esa agua.

Por tanto, la creación de un marco normativo que regule tanto la implementación de plantas desaladoras, como un mecanismo tarifario por la extracción del agua de mar y una política definida acerca de la localización de las plantas, debe ser analizado y estudiado en un corto plazo, dada la coyuntura de crisis hídrica actual del país.

Además de las plantas desaladoras, se debe establecer una política que considere diversos medios para enfrentar los problemas de escasez hídrica, como la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias y sistemas de reutilización de aguas. Otros países han podido desafiar los problemas de sequía, por ejemplo, reciclando sus aguas residuales, que son reutilizadas para fines productivos como la agricultura.

En este camino de hallar respuestas ante la escasez hídrica ciertamente no hay soluciones mágicas, ni tampoco opciones que deban desecharse sin analizarlas. Pero lo que no nos puede pasar es que con la coartada de la necesidad y la urgencia, terminemos afectando uno de nuestros ecosistemas más importantes: el mar, que se supone, es de todos nosotros.