El desafío de gobernar el presente, pensando en el futuro

Nicolás Durán de la Fuente

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Los resultados electorales del domingo 14 de diciembre abren una nueva etapa para Chile, que estará definida, indudablemente, por la magnitud de los desafíos que enfrenta el país. La expectativa ciudadana es alta, pero también lo es la complejidad del escenario económico, social e institucional que deberá administrar el próximo gobierno.

Durante la campaña, el ahora Presidente electo puso énfasis en la necesidad de conformar un "gobierno de emergencia", dedicado a responder con rapidez a los problemas urgentes como la seguridad pública, la inmigración irregular y la reactivación económica. Esa estrategia le hizo sentido a la ciudadanía. Sin embargo, la lógica del Gobierno de emergencia conlleva el riesgo potencial de que el gobernar sobre lo urgente termine desplazando a lo esencial.

Chile arrastra desde hace más de una década un problema estructural de bajo dinamismo económico. La desaceleración persistente de la actividad y un consecuente bajo crecimiento potencial -estimado en torno al 1,6%- reflejan limitaciones profundas en productividad, inversión y desarrollo de capital humano. Salir de este estancamiento no depende de una medida en particular. No basta, por sí sola, la facilitación regulatoria, ni la agilización de los permisos sectoriales y ambientales, ni una eventual rebaja tributaria. Cada una de estas políticas contribuye por sí sola, pero un crecimiento sostenido más alto es el resultado, de al menos, una combinación de todas esas medidas.

El crecimiento de un año puede estar por sobre el crecimiento potencial, así como en otros años puede estar por debajo de este. Lo relevante no es el dato puntual de un año, sino la tendencia que se observa a lo largo del tiempo. Y esa tendencia depende de las decisiones estructurales que se tomen hoy. En ese sentido, la próxima administración deberá gobernar administrando y solucionando los problemas del corto plazo, pero pensando en el largo plazo.

Pensar en el largo plazo, en este contexto, implica algo más profundo que el necesario ordenamiento de las cuentas fiscales o la mejora en los indicadores macroeconómicos. Significa asumir el desafío de aumentar la productividad del país, y ello pasa inevitablemente por políticas que fomenten la investigación y desarrollo (I+D), la innovación, el emprendimiento y la adopción tecnológica.

Ya a comienzos del siglo pasado, Joseph Schumpeter advertía que el crecimiento sostenido surge de procesos de innovación que transforman la estructura productiva mediante la "destrucción creativa". Más recientemente, autores como Phillipe Aghion -premio Nobel de Economía 2025- han mostrado evidencia de que las economías que más logran sostener mayores tasas de crecimiento son aquellas que generan los incentivos adecuados para innovar, competir y adoptar nuevas tecnologías. La innovación requiere de reglas claras, mercados abiertos, capital humano avanzado y un entorno institucional que brinde las oportunidades para que el esfuerzo, el riesgo y la creación de valor prosperen. Chile debe avanzar en todos esos frentes debido a que presenta brechas importantes en la materia.

Sin abordar esta dimensión de largo plazo del crecimiento, Chile corre el riesgo de permanecer atrapado en una trayectoria de bajo dinamismo económico. La investigación y desarrollo, la innovación y la adopción tecnológica son condiciones necesarias para aumentar el crecimiento potencial y sostenerlo en el tiempo. Sus efectos no son inmediatos, por lo que exigen convicción política para llevar a cabo políticas que vayan más allá de la urgencia coyuntural.

La verdadera prueba para la próxima administración pasará no solo por su capacidad de enfrentar la emergencia, sino por su habilidad para crear las condiciones para que el país crezca y prospere en el largo plazo.