Mala decisión del Gobierno, no firmar el acuerdo de Escazú

Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho fundamental de las personas. Así lo consagra la propia Constitución Política de la República en el artículo 19, N° 8, agregando que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado

El Acuerdo de Escazú tiene por objeto velar por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De esta forma se trata de asegurar que todas las personas, a través de estas vías, puedan estar en condiciones de exigir el cumplimiento de las normas medioambientales de manera equitativa, siendo ello refrendado por un instrumento jurídico internacional multilateral.

En el prefacio del documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que presenta el texto del Acuerdo se señala que desde un enfoque basado en derechos “se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. A través de la transparencia, la apertura y la participación, el Acuerdo Regional contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región. En ese sentido, en el Acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás”.

El documento señalado tiene el prólogo del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien señala que el Acuerdo junto con vincular los marcos mundiales y nacionales “establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, en particular, a través de la cooperación Sur-Su-, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones”.

Lamentablemente el gobierno de Chile, pese a haber sido nuestro país junto a Costa Rica uno de los impulsores de este acuerdo, ha decidido no firmarlo dentro del plazo que le permitiría estar entre los suscriptores originales. Dicho plazo vence el 26 de septiembre próximo.

Las razones que se han entregado para adoptar tal conducta las reiteró el canciller Andrés Allamand ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En verdad, todas ellas colisionan con elementos esenciales del multilateralismo, que Chile ha asumido como uno de sus principios de política exterior en cuanto política de Estado.

Nuestro país ha observado en los más variados ámbitos a los compromisos internacionales como una forma de impulsar y perfeccionar sus propias políticas internas, sin proteccionismos y conductas autárquicas parapetadas en anacrónicas concepciones de soberanía, que imposibilitarían la positiva inserción internacional de Chile presente y futura.

Con razón han surgido reacciones de diversos sectores parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos demandando al gobierno corregir su decisión y determine suscribir dentro del plazo indicado, teniendo presente que hasta el momento 22 países de América Latina y el Caribe ya han firmado el Acuerdo de Escazú, entre ellos nuestros tres vecinos. Posteriormente debe darse paso al proceso de ratificación del Tratado, previa aprobación del Congreso Nacional.

Entre quienes han planteado la necesidad que el gobierno cambie su criterio ha estado el Foro Permanente de Política Exterior, que reúne a un significativo grupo de especialistas en relaciones exteriores, académicos y ex diplomáticos que ha señalado en una reciente declaración entre otras consideraciones que “en el contexto de las repercusiones ambientales de la pandemia y la grave situación de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de la región, se hace aún más urgente confirmar el compromiso de Chile con el medio ambiente y los derechos ciudadanos, en conjunto con los demás países de la región”.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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