Legislación sobre tabaco y alcohol en tiempos de polarización, oportunidad para acuerdos transversales
Chile enfrenta una crisis en consumo de tabaco y alcohol. Después de la obesidad, la hipertensión y la diabetes, el alcohol y el tabaco son los dos factores de riesgo para la salud que más personas matan en nuestro país. La pérdida no es sólo en vidas. Es una cuenta millonaria que pagamos todos los chilenos. Se estima el costo económico anual atribuible al consumo de alcohol en Chile en 1,5 billones de pesos. Esto es cinco veces más de lo que se recauda todos los años en impuestos por la venta de estos productos.
El tabaco no se queda atrás: genera un costo directo anual en el sistema de salud por sobre 1 billón de pesos cada año, lo que equivale al 0,8% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) y al 11,5% del monto que Chile gasta en salud anualmente.
Si queremos enfrentar este problema hay que ir a donde comienza: la infancia. La plasticidad cerebral hace que la dependencia de tabaco y alcohol este sustantivamente ligada al consumo en edades más tempranas. Mientras más precoz en la vida se inicie su uso, más probable es que se desarrolle una dependencia de adulto. Y ahí fallamos: 30% de los escolares toma alcohol todos los meses y 15% fuma. El Gobierno debe enfrentar con suma urgencia esta realidad, para lo cual tiene fundamentalmente tres herramientas: subir impuestos, regular publicidad y/o fiscalizar venta de estos productos a menores.
Al mismo tiempo tiene un problema: se encuentra en minoría en la Comisión de Salud del Senado, frente a una oposición donde más impuestos o regular publicidad no siempre es popular.
La evidencia muestra que quienes se identifican como liberales están más dispuestos a aprobar restricciones a la venta o publicidad de tabaco y alcohol, medidas que por el contrario, suelen ser resistidas por sectores más conservadores (a pesar de su probada efectividad basada en sólida evidencia científica). No obstante, existen oportunidades de consenso.
Estados Unidos, un país intensamente dividido en lo político, ha logrado reducir significativamente el consumo de tabaco en niños por medio de una política que logró amplio consenso entre bancadas demócratas y republicanas: la Enmienda Synar. Esta ley requiere que a las personas al momento de comprar cigarrillos se les pida identificación y que los productos no estén visibles al público. El elemento clave que ha hecho efectiva esta medida es que el cumplimiento de la solicitud de identificación está sujeto a un "fiscalizador encubierto", que siendo menor de edad, intenta realizar una compra supervisado por un adulto.
Si no le piden cédula o si la venta se concreta, el vendedor recibe una multa. Si esto se repite, puede perder la licencia para vender. Esta medida -se estima- que en forma independiente es responsable de una reducción de al menos 20% en el consumo de tabaco en adolescentes.
La figura del "fiscalizador encubierto", para hacer cumplir la prohibición de venta de estas sustancias a menores de edad, no existe en Chile. En tiempos de fragmentación política e intensa polarización, fortalecer la institucionalidad que permita hacer cumplir prohibición de venta de tabaco y alcohol a menores podría ser una política de salud que logre algo que hoy parece imposible: combinar elevado nivel de evidencia científica con gran consenso político, una oportunidad que el Ejecutivo no puede dejar pasar.
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