Crisis en servicios básicos y los tres tercios de la solución: Industria, Estado y ciudadanos

En plena segunda ola de la pandemia de Covid-19, y de la crisis económica que afecta gravemente a las familias de nuestro país, se suma un nuevo problema: Las deudas en los servicios básicos y el inminente riesgo de corte del suministro.

Son 1,3 millones de clientes que se encuentran morosos en sus pagos de luz, gas o agua. Juntos acumulan una deuda que supera los US $450 millones. Aunque por ley se impidió el corte del servicio por deudas desde marzo 2020, esta condición expira el próximo 5 de mayo, por lo que volvemos a tener el mismo problema, pero ahora en un escenario incluso más complejo.

La situación sanitaria y social en el país obviamente no ha mejorado, sigue siendo crítica, y muchos hogares no están en condiciones de pagar sus cuentas de servicios básicos, sobre todo los de comunas más vulnerables, quienes antes de la pandemia ya se encontraban en una evidente situación de pobreza energética.

Desglosando las cifras, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hay 737 mil clientes residenciales morosos, es decir, 10% del total de los clientes de electricidad. La deuda acumulada superaría los US $200 millones en el servicio eléctrico, y habría un incremento del número de usuarios con morosidad superior a 90 días. Este escenario es peor en los servicios de agua y gas, los que duplicaron la deuda en ese tramo respecto del año pasado, cosa que solo se agudizará con el avance la pandemia.

Mientras algunos senadores han anunciado un nuevo proyecto para extender la prohibición de corte de suministro, y las empresas por su parte han anunciado campañas para incentivar los pagos, urge la intervención estatal. El rol del Ejecutivo es clave.

Al respecto, existen experiencias internacionales. El gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña generó un acuerdo con la empresa Endesa para condonar el 75% de la deuda acumulada por las familias más vulnerables entre 2015 y 2020, mientras que la administración autonómica asumirá el resto. Este acuerdo beneficia a 35 mil familias por US$ 45,9 millones. Adicionalmente, la empresa y el gobierno firmaron un convenio para no realizar acciones judiciales contra las familias en situación de pobreza energética y enfrentar la morosidad para garantizar a las familias de menos recursos acceso al servicio eléctrico.

Por su parte, Perú otorgó el "Bono Electricidad", de forma excepcional y por única vez a las familias vulnerables que cuenten con deuda de electricidad en el periodo de marzo a diciembre 2020. En total, significó una transferencia de US $172,5 millones que permitió a las familias vulnerables amortizar parte de la deuda. El programa concluyó en diciembre del año pasado.

En nuestro país, lamentablemente, estamos lejos de una intervención similar a las descritas. Es urgente adoptar medidas excepcionales para asegurar servicios esenciales de cientos de miles de personas que hoy no tienen forma de costearlos.

Para la Asociación de Municipios Libres es prioritario impulsar la entrega de una estrategia de asistencia económica por parte del Gobierno que permita mitigar el impacto de la crisis económica sobre los servicios esenciales y garantizar su provisión como un derecho humano. Para enfrentar la actual situación proponemos:

  1. Enviar un proyecto de ley que amplié el plazo considerado en la ley N°21.249, para así prohibir la interrupción del suministro de servicios sanitarios, electricidad y gas de red hasta el 31 de diciembre de 2021
  2. Ampliar los beneficiarios de dicha norma, pasando del 60 al 80% de los hogares con mayor vulnerabilidad según Registro Social de Hogares, o que presenten una disminución de ingresos mayor al 20%
  3. Iniciar un proceso de negociación entre el Estado y las empresas, para que el Estado asuma parte de la deuda y la industria renuncie a parte de sus utilidades, con el fin de disminuir la deuda de los hogares y viabilizar su pago por parte de los ciudadanos
  4. Generar un subsidio permanente al igual como el que existe para los servicios de agua potable en el suministro eléctrico y de esta manera aliviar a cientos de Miles de personas que no logran solventar está necesidad básica

Esta iniciativa debiese ser efectiva una vez que termine el estado de catástrofe de la pandemia y evitaría la realización de acciones judiciales por parte de la empresa suministradora. En momentos de crisis, es el Estado el que debe proteger a los más vulnerables llegando a acuerdos con las empresas, para evitar que más familias chilenas sigan cayendo en la pobreza energética. No podemos permitir que cientos de familias queden sin acceso a servicios básicos.

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