¿Qué sucede con el campo en el proyecto de ley de Presupuesto 2027?
En estas fechas, el debate presupuestario suele acaparar los titulares de la agenda pública, más aun tratándose de las primeras cuentas del Gobierno. Sin embargo, mientras la atención mediática se concentra casi exclusivamente en carteras como Educación o Seguridad, otras áreas clave quedan relegadas a un segundo plano. Es el caso de la agricultura, un sector que hoy pasa desapercibido a pesar de los profundos ajustes que proyecta el nuevo erario fiscal.
El cambio más crítico radica en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la principal agencia del ministerio, que sufrirá un recorte nominal superior al 15%: una merma de más de 62 mil millones de pesos. Como pilar del apoyo y fomento a la pequeña agricultura en Chile, esta contracción impactará de lleno en la cobertura, profundidad y diversidad de sus programas.
La situación es alarmante en un país con una agricultura familiar campesina envejecida, carente de recambio generacional y además sometida a la presión constante de crisis climáticas y económicas acumuladas. Con esta merma, no solo se debilita a los productores, sino que se pone en riesgo un patrimonio agrícola y cultural que difícilmente sobrevivirá sin relevo.
La paradoja es evidente. Chile enfrenta altos índices de obesidad y sobrepeso, con una canasta saludable que figura entre las más caras de América Latina y resulta inaccesible para miles de familias. Pese a que son precisamente los pequeños agricultores quienes abastecen los mercados tradicionales con alimentos frescos y asequibles, el erario opta por recortarles el respaldo. Esta señal se agrava con el ajuste fiscal proyectado para los gobiernos regionales, lo que debilita aún más el desarrollo territorial y posterga a las zonas rurales, donde la pequeña producción es el motor de la comunidad.
En la otra vereda, los organismos favorecidos de la partida son el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con alzas nominales de 14,75% y 21,3%, respectivamente. El incremento del SAG responde a un alza de sus ingresos operacionales propios y a mayores fondos para inspección fronteriza y vigilancia silvoagropecuaria. En la Conaf, la prioridad se concentra en robustecer los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales que azotan periódicamente al territorio nacional.
En definitiva, el proyecto de presupuesto 2027 prioriza el financiamiento de gastos operativos y de contingencia por sobre el fomento y la inversión de mediano plazo. Al reasignar fondos desde programas dirigidos a la pequeña agricultura y el desarrollo productivo hacia la prevención de siniestros y la protección fitosanitaria, el gasto sectorial asume un carácter marcadamente operativo y de mitigación. Así, la propuesta fiscal reduce los recursos destinados a la transformación estructural y al desarrollo rural a cambio de atender los requerimientos inmediatos del sector.