Política Nacional de la Niñez

Verónica Silva Villalobos

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Las herramientas más idóneas con que cuenta el Estado para lograr el bienestar de niños, niñas y adolescentes son la promulgación de normas; el diseño e implementación de políticas y programas públicos; y la aplicación de la justicia. Todas medidas que deben ajustarse a los estándares establecidos en tratados internacionales firmados por nuestro país.

Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con el advenimiento de la democracia, Chile ha realizado importantes avances en estas materias. Entre estos destacan: la erradicación del trabajo infantil; la ley de 1998 que consagra la igualdad de los hijos e hijas sin importar si existe un vínculo matrimonial entre sus padres; la ley de 2003 que garantiza 12 años de escolaridad gratuita y obligatoria; la ley de 2005 de Responsabilidad Penal Adolescente; la creación del subsistema para la primera infancia Chile Crece Contigo en 2007; la ley que extiende el permiso postnatal parental a 6 meses en 2011; entre otras; y hace dos años, el establecimiento del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a través de la ley 21.430 de 2022.

En el marco de esta última ley se establece, como obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el diseño de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción para el periodo 2024 a 2032. Como Subsecretaría de la Niñez nos hicimos cargo de liderar su proceso de elaboración el que, una vez finalizado, fue aprobado por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez.

Esta política y su plan tienen como propósito asegurar que todas y todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, puedan desplegar al máximo sus potencialidades y disfrutar de su bienestar integral, siendo este último entendido como la posibilidad de experimentar una vida digna y plena en sus distintos ámbitos de desarrollo.

Para alcanzar este objetivo se establecen acciones específicas a implementar con plazos y responsables, en los diversos aspectos que componen el bienestar: El desarrollo de hábitos de vida saludable mediante una alimentación sana y la práctica regular de actividad física, con la finalidad de disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil; el fortalecimiento de su salud mental y de sus familias; el mejoramiento de las condiciones medioambientales en las que se desenvuelven la niñez y la adolescencia, y de acceso a viviendas adecuadas para su apropiado desarrollo y bienestar; el fortalecimiento de las trayectorias educativas que permitan el desarrollo de competencias y el logro de aprendizajes; el aumento de espacios públicos adecuados y seguros para el esparcimiento, juego y recreación; la disminución de la pobreza por ingresos y multidimensional que afecta a los hogares con niñas, niños y adolescentes, por medio de su acceso a programas y prestaciones de protección social; el fortalecimiento de entornos de cuidado positivo que estos requieren para su adecuado desarrollo y bienestar integral; la eliminación de todas las formas de violencia, así como la reparación de los daños que estas provocan en su desarrollo y bienestar; y el aumento de la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en todo el país, para que estén comprometidos con el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los valores de la democracia.

Este instrumento cuenta con una legitimidad sin precedentes, ya que conllevó un amplio proceso de participación. Concurrieron 61 organismos públicos del nivel central, entre servicios, direcciones y subsecretarías. Igualmente, participaron todas las regiones del país, mediante representantes de los gobiernos regionales y la coordinación de las secretarías ministeriales de Desarrollo Social y Familia, además de 259 municipios, y de más de 1.400 niñas, niños y adolescentes, representantes de los Consejos consultivos de nivel, comunal regional y nacional. Asimismo, contribuyeron 62 organizaciones de la sociedad civil y 24 instituciones académicas. Adicionalmente, contribuyeron representantes de la Fiscalía Nacional, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros de Chile y de la Defensoría de la Niñez; y se contó con la colaboración de 9 agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile.

En definitiva, tanto la política como su plan de acción, cuentan con el compromiso de todos los actores fundamentales para su éxito, otorgándoles la legitimidad que se requiere para que el Estado de Chile pueda cumplir con su rol de garante de los derechos humanos de todas y todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país.