Libertad religiosa: Chile en estado de observación

Magdalena Lira Valdés

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A mediados de enero se dio a conocer la Lista Mundial de la Persecución 2026. El informe, elaborado por la organización evangélica Open Doors, arrojó un dato alarmante: más de 388 millones de cristianos en el mundo enfrentan altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe, una cifra que confirma el agravamiento de la violencia religiosa en distintas regiones del planeta.

Ese mismo mes, el papa León XIV, en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, puso en el centro la defensa de las libertades fundamentales, entre ellas la libertad religiosa. En su intervención advirtió sobre la gravedad de las violaciones a este derecho humano y citó cifras publicadas por la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN).

Según el Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, realizado por ACN y que se presenta cada dos años, el 64% de la población mundial vive en países donde se registran graves vulneraciones a la libertad religiosa. Este dato importa, y mucho. Porque la libertad de pensamiento, conciencia y religión, tal como la define la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, es un derecho que protege tanto a creyentes como a no creyentes. Salvaguarda la posibilidad de cada persona de pensar, creer —o no creer— y vivir de acuerdo con su conciencia, sin presiones ni imposiciones.

Respetar este derecho garantiza la igualdad ante la ley, permite a personas y comunidades expresar y transmitir sus valores, tradiciones e identidades y, por esto mismo, fortalece la democracia, al promover la tolerancia, el pluralismo y el respeto. Una sociedad que resguarda la libertad religiosa es una sociedad donde la diversidad se convierte en una fuente de fortaleza y no de división.

Lamentablemente, el Informe Libertad Religiosa en el Mundo no describe solo realidades lejanas. El estudio clasifica a los países en tres niveles según el grado de vulneración de este derecho fundamental: persecución, cuando existe una acción sistemática contra un grupo religioso; discriminación, cuando su ejercicio es limitado o restringido; y observación, una categoría de alerta que señala vulneraciones reiteradas y la necesidad de atención y prevención.

Chile se encuentra hoy en este último nivel: observación. No se trata de una etiqueta menor ni tranquilizadora. Una de las principales razones es la quema reiterada de templos. Según un informe de El Líbero, 296 iglesias han sido incendiadas en el país en los últimos 10 años. Cada uno de estos ataques va más allá del daño a un edificio: afecta a comunidades y a personas que ven vulnerado su derecho a reunirse, a creer y a vivir su espiritualidad sin temor.

La libertad religiosa no es un privilegio de algunos ni un tema exclusivo del mundo creyente. Es un termómetro de la salud democrática de un país. Quizás uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como sociedad es visibilizar esta realidad, reconocer que existen vulneraciones concretas que muchas veces se normalizan o pasan inadvertidas. Lo que no se nombra, no se protege.

Por eso, poner este tema sobre la mesa no responde a una agenda confesional, sino a una responsabilidad cívica. Observar, denunciar y prevenir estas vulneraciones es una tarea que nos compete como país, si aspiramos a ser una sociedad verdaderamente plural, respetuosa y libre.