La memoria histórica es imprescindible

Camilo Escalona Medina

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El 4 de marzo de 1991, el entonces Presidente Patricio Aylwin, en nombre del Estado de Chile, solicitó perdón a las familias de las víctimas por las crueles, infames y atroces violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet. Ese esfuerzo histórico se había iniciado un año antes al constituirse la Comisión Rettig, por la decisión del Mandatario democráticamente electo después de 17 años de negación de la democracia y de persecución implacable a la izquierda chilena.

Fue un acto de coraje político de Aylwin que logró derrotar la presión de los poderes fácticos negacionistas, civiles y castrenses, que parapetados en los enclaves autoritarios, insertos por Jaime Guzmán en la versión original de la Constitución de 1980, por instrucciones expresas del dictador.

En las propias filas de la Concertación hubo murmullos de reserva, el poder de Pinochet, aun comandante en jefe del Ejército, era un obstáculo amenazante. Sin embargo, el esclarecimiento de la verdad histórica y la necesidad de justicia eran exigencias mayores para el auténtico restablecimiento de una institucionalidad democrática en Chile.

La Comisión Rettig, constituida con figuras de inobjetable objetividad y amplitud pluralista, cumplió una tarea de verdadero alcance histórico. Escuchó a lo largo de largas jornadas, miles de testimonios y fue estableciendo lo que se negó tantos años: crueles asesinatos sin juicio, la práctica de las detenciones y desaparición de las víctimas, la ejecución sistemática de torturas y malos tratos para humillar y quebrantar la dignidad de las y los presos políticos.

Una realidad de sadismo, infamias y perversidad que derrumbó totalmente la verdad oficial del régimen dictatorial. Fue un acontecimiento histórico. Se confirmó lo dicho por el cardenal Raúl Silva Henríquez, bajo Pinochet se impuso "la paz de los cementerios", desplazado el dictador surgía la verdad que se intentó borrar. Luego de décadas quedó claro que la memoria histórica es imprescindible en un régimen democrático.

El entorno de Pinochet respondió duramente, lanzando una ofensiva con el repetido argumento que los hechos se debían a "la guerra interna" que había tenido lugar en el país. Se reiteraron las viejas amenazas de un nuevo quiebre institucional que retornara al poder a Pinochet y su camarilla. Sacaron las garras, pero ya no era posible una aventura de ese tipo. Se instaló una verdad histórica incontrovertible.

La derecha, durante muchos años, ha querido desconocer los hechos. Hizo del negacionismo un objetivo central de su conducta. Ahora lanza una nueva ofensiva con ese propósito. Es una ley de impunidad, de "conmutación de penas o cumplimiento alternativo", impulsada por sus senadores y senadoras y que beneficia a criminales de homicidios atroces y a los autores del terrorismo de Estado con "arresto domiciliario", sacándolos de la prisión en que cumplen sus condenas. En rigor, un total cinismo, una terrible infamia en contra de las familias y sus agrupaciones que tantos años han bregado por verdad y justicia.

Lo que es un agravio aún más terrible a la conciencia nacional es que para camuflar la búsqueda de impunidad, también se agreguen a los autores de crímenes de lesa humanidad, los asesinos responsables de abusos sexuales y atrocidades cometidas por individuos sin límites de ninguna naturaleza que, obviamente, fuera de la cárcel son un grave peligro a la seguridad pública. Es una burla, un desprecio a valores esenciales que son pisoteados por la derecha y la ultraderecha.

En suma, la derecha chilena instigó el golpe de Estado de septiembre de 1973, luego defendió a la dictadura en Naciones Unidas y otros organismos internacionales negando las crueles y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, práctica que sigue hasta hoy en un empeño inútil como es tratar de tapar el sol con un dedo.

Ahora, busca sacar de la cárcel a los autores directos de los crímenes y atrocidades incurriendo en una aberración jurídica flagrante que, según se ha denunciado fue redactada por la defensa de los terroristas de Estado, intentando la impunidad de un puñado de sus sicarios la derecha y la ultraderecha llegan al extremo de sumirse en el oprobio.

Así, la derecha pasó una línea roja en su afán de impunidad para los terroristas de Estado. Con ello vuelve a cubrir de vergüenza su trayectoria política histórica. Que mísera herencia dejan en su camino. En lugar de proclamar su respeto y fidelidad a los principios fundamentales de la dignidad del ser humano se confabula para impedirlos en una parte esencial: el castigo a los autores de atrocidades que conmovieron la conciencia universal. Es notorio que la ofensiva mundial de la ultraderecha de la que forman parte los ha enceguecido completamente. Chile debe estar alerta.