El ahorro de hoy se paga caro mañana
En los últimos años, el sistema de evaluación educacional ha enfrentado presiones que dificultan que se cumpla su principal objetivo: proveer información confiable para mejorar la calidad educativa y reducir brechas de aprendizaje.
El gobierno anterior introdujo modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2021-2026, entre ellas, la reducción de pruebas censales anuales de 11 a 6 en 2024 y a 7 en 2025 y 2026, y la eliminación de la evaluación censal de Lectura en 2° Básico. A ello se sumó una demora de casi un año en la entrega de las bases de datos de la medición 2022, lo que levantó críticas de investigadores y centros de estudio por la falta de transparencia. Este año se presentaron nuevos ajustes al mismo plan, argumentando restricciones presupuestarias.
Bajo este escenario, se propuso eliminar el Simce censal de 6° Básico, el muestral de inglés en 8° y el estudio de alfabetización informacional en II Medio. El patrón importa, si bien cada intervención se puede presentar como excepcional, al acumularlas, configuran un sistema de medición progresivamente más ciego.
Los datos que tenemos hoy ya son suficientemente preocupantes. El Simce 2025 muestra que 1 de cada 2 estudiantes de 4° Básico no alcanza el estándar adecuado, mientras que en 8° Básico son 4 de cada 5. En II Medio la brecha entre el grupo socioeconómico bajo y alto llega a 96 puntos en Matemática. Los grupos medios llevan siete años estancados. Estos números no son abstractos, son niños a quienes el sistema les está fallando, y sin medición sistemática no hay forma de saberlo ni de actuar.
Hay además un problema que los resultados oficiales no capturan del todo. Una fracción relevante de estudiantes simplemente no aparece en los datos. En 2024, la cobertura por estudiantes que rindieron el Simce alcanzó 91,6% en 4° Básico y 88,3% en II Medio. Esa brecha no es menor ni necesariamente aleatoria. Investigaciones han mostrado que los alumnos ausentes tienden a tener notas más bajas, menor asistencia y mayor vulnerabilidad. Su exclusión sesga al alza los resultados oficiales. Chile necesita no solo mantener sus evaluaciones, sino mejorar su cobertura y reportar con transparencia qué ocurre con quienes no aparecen en la medición.
Medir no es un lujo administrativo. La evaluación sistemática es la base sobre la cual se construye la política educativa, sin información confiable y actualizada no es posible determinar si los recursos están bien asignados, si las intervenciones tienen el efecto esperado y dónde es mejor reasignar esfuerzos. Detectar brechas oportunamente es condición necesaria para intervenir antes de que el rezago se vuelva irreversible, y monitorear en el tiempo permite identificar qué funciona, comparar trayectorias y focalizar el apoyo estatal con precisión.
El desafío es doble: no retroceder en el calendario de evaluaciones -donde cualquier modificación debe tener respaldo técnico y no solo justificación fiscal-, y hacer los esfuerzos necesarios para aumentar la cobertura de estas mediciones. Recordemos que, en materia de medición del aprendizaje, el ahorro de hoy se paga caro mañana. No nos equivoquemos, la falta de recursos no es fundamento suficiente y la propuesta debe ser siempre mantener evaluaciones que son fundamentales. El costo no pueden, ni deben, pagarlo los niños.