La duda como forma de gobierno
Hay una manera de gobernar que desinforma sin necesidad de mentir. Basta con dudar en el momento justo, o con ofrecer una certeza que no resiste el cruce con los propios datos. No hace falta negar una cifra, alcanza con ponerla entre paréntesis. No hace falta inventarla, alcanza con inflarla hasta que diga lo que conviene. Administradas con cuidado desde un cargo público, ambas maniobras cumplen la misma función que una mentira explícita, con una ventaja adicional: es mucho más difícil acusar de mentiroso a quien solo "duda".
Dos episodios protagonizados por distintas autoridades del actual Gobierno exhiben ese patrón, y el contraste entre lo que dijeron y lo que terminaron sosteniendo sus equipos, o sus cifras oficiales, devela algo más que un problema de comunicación.
El primero tiene como protagonista al Presidente José Antonio Kast, quien puso en entredicho los resultados de la última encuesta Casen, que mostraban una reducción de la pobreza por ingresos a 17,3% en 2024, equivalente a 600 mil personas menos bajo esa línea desde 2022. Consultado en Tele13 Radio sobre si en verdad estaba cuestionando esas cifras, no dejó espacio para la ambigüedad: "Sí, claro". Su respaldo para semejante afirmación fue, sin embargo, modesto: una entrevista que dio en 2023 quien hoy es su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando todavía no ejercía cargo público, en la que planteaba errores metodológicos en el cálculo. Ningún organismo técnico, ni los paneles de expertos que sostienen la Casen desde 1990, ni la comunidad académica que ha acompañado sus sucesivos ajustes, ha respaldado esa tesis.
Horas más tarde, el biministro Claudio Alvarado salió a explicar que, en rigor, no había cuestionamiento alguno a los datos, sino apenas un énfasis presidencial en el rol de los subsidios. Es decir: el propio gobierno tuvo que traducir al Presidente para que sus palabras no dijeran lo que, evidentemente, decían. Cuando un mandatario necesita que su vocero lo reinterprete para no aparecer negando estadísticas oficiales, el problema ya no es de matices: es que la frase original fue, precisamente, la que quiso decir.
El segundo episodio ocurre en un terreno menos visible pero no menos significativo: la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, definió que el 70% del financiamiento del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 se concentre en 10 áreas prioritarias, como ciencias naturales, tecnología, seguridad, entre otras; relegando a un segundo plano a las humanidades, las artes y buena parte de las ciencias sociales. "Los datos muestran la necesidad de profundizar en proyectos de posdoctorado" en esas disciplinas, sostuvo, apoyándose además en las cifras de desempleo entre doctorados en Chile y cuestionando el valor que tiene estos estudios para la sociedad.
La respuesta no se hizo esperar: cerca de 30 sociedades científicas, el Consejo de Rectores y redes de investigadoras plantearon que la medida contradice la propia ley que dio origen al ministerio, una ley que reconoce explícitamente la interdisciplinariedad como principio fundante, y que, en un momento en que la inteligencia artificial exige marcos éticos y filosóficos para su desarrollo, debilitar humanidades y ciencias sociales va exactamente en la dirección contraria a la que recomienda la evidencia internacional. La ironía es difícil de pasar por alto: la ministra invocó "certezas" para una decisión que buena parte de la comunidad científica sostiene que se tomó, precisamente, sin evidencia.
Instrumentos como la Casen o el sistema de fondos concursables de ANID no pertenecen a un gobierno de turno: son activos del país, construidos con el único propósito de que la política pública se discuta sobre una base común, más allá de las diferencias ideológicas. Ponerlos en duda sin evidencia, inflarlos cuando conviene, o reordenar prioridades sin diálogo técnico previo, no solo desgasta esa herramienta puntual. Envía un mensaje más amplio y más peligroso: que los datos son negociables según quién gobierne, y que la próxima autoridad, de cualquier signo, puede sentirse igualmente autorizada a dudar de aquello que no le convenga.
El desafío, entonces, no es exigirle a quienes ejercen el poder que dejen de tener posiciones políticas. Es exigirles algo más modesto y, al mismo tiempo, más difícil: que distingan con honestidad entre lo que creen y lo que está demostrado. La desinformación más peligrosa no es la que circula de forma anónima en redes sociales. Es la que se pronuncia desde La Moneda o desde un ministerio, respaldada por el peso institucional de quien la dice.