No confundamos al paciente con el narcotraficante
Hay algo que la Operación Imperio Ámsterdam debería dejarnos absolutamente claro: Chile no puede combatir el narcotráfico castigando al paciente que necesita un tratamiento, pero tampoco puede permitir que el narcotráfico se disfrace de medicina. Esta distinción no es semántica. Es fundamental.
He sostenido de manera permanente que debemos avanzar en la despenalización y regulación del cannabis para fines estrictamente terapéuticos. Una persona que enfrenta una enfermedad, sufre dolor o necesita mejorar su calidad de vida y que, bajo indicación médica, puede beneficiarse de un tratamiento con cannabis, no debe ser tratada como delincuente.
El Estado tiene la obligación de proteger a esos pacientes y facilitarles un acceso seguro, regulado y trazable a los tratamientos que correspondan. Pero precisamente porque defiendo esa posibilidad, soy igualmente categórico en que no podemos permitir que el concepto de "cannabis medicinal" sea utilizado como una fachada para el tráfico de drogas.
Los antecedentes de la Operación Imperio Ámsterdam son una señal de alerta. La investigación del Ministerio Público apunta a una organización que habría utilizado dispensarios vinculados al cannabis medicinal para producir y comercializar marihuana con altos niveles de THC, recurriendo incluso a recetas médicas y a una estructura que aparentaba operar dentro de un marco terapéutico. Será la justicia la que determine las responsabilidades correspondientes, pero los antecedentes conocidos son suficientemente graves como para que el mundo político extraiga una conclusión.
Los vacíos regulatorios también pueden convertirse en oportunidades para el crimen organizado. Y eso exige una respuesta seria.
No podemos caer en el simplismo de decir que, porque existió un eventual abuso, todo el cannabis medicinal debe quedar prohibido. Sería castigar a quienes verdaderamente necesitan un tratamiento por las acciones de quienes eventualmente lo utilizaron para delinquir.
Pero tampoco podemos aceptar una regulación ingenua que permita que cualquier organización pueda autodenominarse "medicinal" y operar prácticamente sin controles.
Chile necesita reglas claras. Necesitamos trazabilidad, desde el cultivo hasta el paciente; controles sobre las concentraciones de THC y CBD; recetas médicas verificables; fiscalización efectiva de los dispensarios; estándares sanitarios exigentes y transparencia respecto de quién produce, quién distribuye y quién comercializa estos productos.
Y algo igualmente importante: cuando una organización utiliza una actividad aparentemente legítima para encubrir el tráfico de drogas, debe enfrentar todo el rigor de la legislación contra el crimen organizado. Esto también forma parte de recuperar el control del Estado.
El narcotráfico ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse, infiltrarse y aprovechar nuestras debilidades. Por eso, la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a perseguir al vendedor de la esquina. También debemos cerrar las brechas legales, administrativas y financieras que permiten que estructuras más sofisticadas operen y obtengan grandes ganancias.
Como senador, mi posición es clara: no quiero que ningún paciente tenga que sentirse un delincuente por acceder a un tratamiento médico, pero tampoco quiero que ningún narcotraficante pueda esconderse detrás de un paciente para hacer negocios. Son dos objetivos perfectamente compatibles.
Una política responsable debe ser capaz de distinguir entre el uso medicinal y el consumo recreativo, entre el paciente y el traficante, entre un tratamiento regulado y un negocio criminal.
Por eso, Imperio Ámsterdam no debe servir como argumento para volver a la confusión del pasado. Debe servir como una advertencia para legislar mejor. Despenalizar el uso terapéutico no significa liberalizar las drogas. Significa reconocer una necesidad médica y ponerla bajo reglas estrictas.
Al mismo tiempo, combatir al narcotráfico significa perseguir con decisión a quienes pretendan aprovechar esa necesidad. En esto no puede haber ambigüedades: el paciente merece protección; el narcotraficante, persecución. Y el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para hacer ambas cosas al mismo tiempo.