Reforma constitucional: de la camotera a una propuesta certera
Se ha hablado y escrito mucho, y con sendos argumentos, en contra de la propuesta de reforma constitucional, y se ha atribuido a improvisación y fanatismo ideológico, pero yo me atrevo a agregar que lo que realmente está detrás es una verdadera resistencia a reconocer que las políticas heredadas de la administración anterior y en reciente implementación constituían una buena base, sobre un diseño planificado y con gran apoyo transversal, que además ya ha mostrado sus primeros resultados y sólo requería profundización. Admitirlo, además, habría obligado a renegar de un relato que fue esencial para el éxito en la última campaña, la emergencia incontrolable en seguridad.
Sacar del cajón propuestas identitarias del fracasado proceso constituyente fue una estrategia tan arriesgada que ha recibido una verdadera camotera política y jurídica, calificada con adjetivos tan brutales como innecesaria, peligrosa, inútil, redundante, iliberal, punitiva, restrictiva, incompleta, grandiosa ideológicamente, entre muchas otras. Tanto es así que ni siquiera logró apoyo en el propio oficialismo.
Pero todo lo anterior no nos puede hacer perder de vista que lo que está detrás es responder, en este caso con un muy mal diseño, a una demanda legítima, de varios alcaldes y también ciudadana, que reduzca la impunidad, que los barrios sean lugares más seguros, de día y de noche, que nuestro sistema de persecución penal sea más eficaz, que haya mayor control y presencia policial permanente y que las bandas de crimen organizado no penetren en nuestros barrios, especialmente en los más vulnerables.
Un estado de excepción puede pretender cubrir temporalmente la escasez policial, pero difícilmente modificará por sí solo los indicadores delictivos. Si georreferenciamos homicidios, violencia intrafamiliar, uso de armas, tráfico de drogas, deserción escolar y población privada de libertad, veremos que muchos fenómenos convergen en los mismos cuadrantes. Allí suelen encontrarse viviendas precarias, la mayoría sociales, más antiguas, y de pocos metros cuadrados, muchas de ellas tomadas, sin equipamiento, con alto niveles de hacinamiento y bajo estándar urbano.
Creer que esta herramienta constitucional resolverá esa concentración territorial es un error político, técnico y metodológico, y diversos especialistas han planteado que usar a las fuerzas militares en labores de control del delito surge como una solución rápida. Sin embargo, donde se ha utilizado, esta apuesta ha fracasado, incluso constatando que intervenciones militares en barrios críticos sólo han generado más violencia y no han resuelto el problema. Por otra parte, las referencia a países donde se ha implementado, obedecen más bien a presencia militar para enfrentar amenazas de terrorismo, más que el crimen organizado.
En definitiva, la evidencia apunta en una dirección y por lo tanto las intervenciones deben tener la misma entidad que el problema -inversión sostenida, integral y territorializada- no parches constitucionales para problemas estructurales.
Recuperar inmuebles y viviendas sociales tomadas; enfrentar la corrupción de instituciones que interactúan en el territorio, aumentar el contingente policial de manera permanente y no esporádica, fortalecer las herramientas para la persecución penal; y muy importante, interactuar con los municipios que conocen dichos barrios al dedillo para proponer soluciones estructurales, mejorar el espacio urbano; ofrecer alternativas para el uso del tiempo libre y sistemas de cuidado; separar a niños y adolescentes de las dinámicas delictivas son medidas que claramente no sólo son más eficaces y sostenibles en el tiempo.
Por todo lo anterior es que, si el Gobierno se empeña en abandonar lo avanzado, en instalar relatos grandilocuentes, pero sin sustento, y peor aún, hacer creer a la ciudadanía que sólo cediendo libertades esenciales logrará el bienestar tan anhelado, sí tendremos una emergencia de difícil salida, por ello abandonar la camotera y construir una propuesta certera es una obligación ética y política.