El Servicio Electoral de Chile (Servel) presentó recientemente el estudio "El Nuevo Mapa Electoral: Participación y Perfiles de Votantes en Chile", que reconstruye el comportamiento electoral del país entre el Plebiscito de 2020 y la elección Presidencial y Parlamentaria de 2025 donde vivimos 16 procesos electorales. Todo un récord para nuestra democracia. Vale la pena partir agradeciendo a Servel poner a disposición pública esta información, con el detalle territorial, demográfico y partidario con que fue elaborada, es un acto de transparencia y un insumo valioso para quienes trabajamos en investigación sobre participación ciudadana.
¿Qué nos dice este mapa? En primer lugar, que la participación se ha estabilizado en torno al 85% desde que se restableció el voto obligatorio en 2022, tras un ciclo de voto voluntario en que votaba entre 43% y 51% del padrón. La lección es incómoda pero clara: cuando el voto deja de ser una opción y vuelve a ser una obligación, la ciudadanía concurre a las urnas. Pero esa cifra agregada esconde una pregunta más profunda: ¿estamos formando ciudadanas y ciudadanos que entienden por qué votan, o simplemente estamos administrando una obligación legal?
Por otro lado, los resultados derriban algunos mitos. El primero es que la pobreza aleja a las personas de las urnas. Con el voto voluntario, en efecto, así era: en el Plebiscito de 2020 las comunas de menor pobreza superaban a las de mayor pobreza. Pero desde 2022 el patrón se invirtió: hoy son las comunas con mayor pobreza multidimensional las que exhiben mayor participación relativa. La obligatoriedad no solo aumentó la participación general; corrigió una desigualdad estructural que el voto voluntario nunca resolvió por sí solo.
El segundo mito es que el electorado extranjero, por su desarraigo o desconocimiento del sistema político, participa poco. Los datos muestran lo contrario: bajo voto obligatorio, la participación de personas extranjeras salta de 16-21% a cifras entre 59% y 62%, alcanzando hasta 79% entre electores venezolanos y 71% entre bolivianos, ambos por sobre el promedio nacional de comunidades migrantes.
La afiliación partidaria no se ha mantenido baja: se redujo a la mitad en cinco años, de casi 6% del padrón en 2020 a apenas 3,3% en 2025. Y no es solo un fenómeno de los recién llegados, los partidos también pierden terreno entre quienes ya votaban antes. Quienes están afiliados participan más, es cierto, pero ese canal se angosta año a año.
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser meramente administrativa. No basta con que el Estado organice elecciones eficientes, que por cierto es un mérito; sino que además se requiere una política sostenida de educación para la ciudadanía que acompañe a las nuevas generaciones de votantes desde la escuela, y que llegue también a los adultos que hoy votan por primera vez en su vida sin haber tenido antes ningún vínculo con la política institucional. Se requiere, asimismo, fortalecer los espacios de participación ciudadana entre elecciones, consejos comunales, cabildos, mecanismos de control social e incidencia ciudadana, para que el ejercicio democrático no se reduzca a un día cada cuatro años. Se requiere revitalizar a los partidos políticos como escuelas de ciudadanía, no solo como maquinarias electorales.
El nuevo mapa electoral que dibuja el Servel es, ante todo, una invitación. Tenemos una ciudadanía que concurre a votar como nunca en las últimas décadas, y datos públicos que nos permiten entenderla con precisión inédita. Lo que está por verse es si seremos capaces de transformar esa asistencia masiva en una democracia más deliberativa, más informada y arraigada en el territorio.