Subempleo profesional: el ejército industrial de reserva
Durante décadas, Chile construyó una de sus principales promesas de movilidad social alrededor de la Educación Superior: estudiar, obtener un título y acceder a un empleo mejor remunerado. En torno a esta promesa se instaló un imaginario especialmente fuerte entre las clases populares y medias. Durante los años '90 y 2000, miles de hogares se endeudaron para que sus hijos e hijas pudieran estudiar, bajo la expectativa de que serían la primera generación profesional de la familia. El título aparecía como la puerta de entrada a una vida mejor. Para muchos, sin embargo, años después ese "cartón" terminó sirviendo más para adornar una pared que para garantizar un trabajo digno.
La expansión de la Educación Superior y su promesa de movilidad social no estuvo acompañada por una transformación equivalente de la estructura productiva ni por la capacidad del mercado laboral de absorber esta nueva fuerza de trabajo calificada. No basta con imprimir cartones profesionales si no hay mercado laboral.
La evidencia es contundente. Según el último Informe de Calidad del Empleo IMCE de Fundación SOL, 1.271.584 personas con educación superior completa se encuentran actualmente en situación de subempleo profesional. Esto equivale al 32,6% de las personas ocupadas con este nivel educativo. La proporción ha aumentado 5,8 puntos porcentuales desde el inicio de la medición, en 2010. Es decir, prácticamente una de cada tres personas ocupadas con educación superior no trabaja en un empleo acorde con su nivel de calificación.
Según la narrativa instalada, con estos niveles de formación la fuerza de trabajo debería acceder a mejores condiciones de empleo, especialmente en términos salariales. Pero la realidad de Chile es que, para las personas subempleadas profesionales, el salario mediano es de $680.760 y el promedio es de $818 mil, lo cual es 51,2% más bajo que el de aquellas personas ocupadas con educación superior completa que trabajan en oficios relacionados con su nivel de calificación.
Este fenómeno obliga a mirar el mercado laboral más allá de sus indicadores tradicionales. Una persona puede aparecer como "ocupada" en las estadísticas y, al mismo tiempo, estar desempeñándose en un trabajo que no requiere los conocimientos y competencias que adquirió durante años de formación. El problema, entonces, no es solamente cuántas personas tienen empleo, sino qué empleos tienen, cuánto se reconoce su calificación y si es un trabajo digno o no.
Aquí aparece una dimensión que suele quedar fuera de la discusión: el subempleo profesional como mecanismo de explotación y desposesión. La promesa de la educación superior trasladó hacia las familias y los individuos buena parte del costo de reproducir una fuerza de trabajo altamente calificada. Años de estudio, endeudamiento, tiempo y esfuerzo fueron presentados como una inversión individual y privada para alcanzar una vida mejor. Pero cuando esa formación no encuentra un lugar en el mercado laboral, el costo permanece en la clase trabajadora, mientras el capital puede disponer de una fuerza de trabajo altamente calificada y dócil sin reconocerla en sus salarios o condiciones laborales.
Desde una lectura marxista, esto puede comprenderse en relación con el ejército industrial de reserva. Este no está compuesto únicamente por quienes se encuentran desempleados. También incluye fuerza de trabajo disponible, precarizada o subempleada, que puede ser incorporada al proceso productivo en condiciones de total desprotección y explotación. Una persona profesional que acepta un empleo por debajo de su calificación no está necesariamente ejerciendo una "libre elección": muchas veces está respondiendo a la necesidad de obtener ingresos urgentes en un mercado que no ofrece alternativas acordes con su formación. No hay elección cuando el sustento de un hogar es urgente.
La existencia de una masa de trabajadores y trabajadoras calificadas disponibles tiene, además, un efecto disciplinador sobre quienes ya están empleados. Cuando muchas personas compiten por pocos puestos de trabajo, aumenta el temor a perder el empleo y disminuye la capacidad de negociar mejores salarios, jornadas y condiciones laborales. A esto se suma el aumento del miedo a organizarse por las represalias que ello podría conllevar. El desempleo y el subempleo no son solamente consecuencias del funcionamiento del "libre mercado". Son, de hecho, mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo.
Por eso, el problema no es que Chile tenga "demasiados profesionales". El problema es una economía que forma trabajadores y trabajadoras altamente calificadas, pero no genera suficientes empleos capaces de reconocer y utilizar esas capacidades. La contradicción es profunda: se exige cada vez más educación, experiencia y competencias para acceder al mercado laboral, mientras se normaliza que una proporción creciente de quienes cumplen esas exigencias termine trabajando por debajo de su calificación.
El subempleo profesional revela así una de las paradojas del modelo chileno: se privatizan los costos de formar la fuerza de trabajo, mientras se socializan las pérdidas cuando esa fuerza de trabajo no encuentra empleos acordes con sus credenciales. La promesa de movilidad social termina transformándose en deuda, sobrecalificación y frustración; y detrás de la frustración individual aparece un fenómeno estructural: un ejército de reserva de asalariados que presiona a la baja las condiciones del conjunto de la clase trabajadora. El único que se beneficia de este modelo es el gran capital, que puede mantener a la clase trabajadora compitiendo por empleos miserables.