Chile entre Washington y Beijing: cuando la política internacional redefine lo doméstico
Durante mucho tiempo se pensó que la política internacional era un asunto relativamente marginal para la política chilena. Hoy esa idea comienza a desmoronarse. En un mundo marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, decisiones que antes parecían meramente técnicas, como la infraestructura digital o los estándares tecnológicos, se han transformado en decisiones geopolíticas. Estas dinámicas comienzan a incidir cada vez más en decisiones que se toman en Santiago.
La presión geopolítica ya se ha traducido en hechos concretos. El proyecto de cable submarino transpacífico, inicialmente concebido para conectar Chile con Asia a través de China, terminó redirigiéndose hacia Australia tras objeciones de seguridad provenientes de Estados Unidos. La licitación del consorcio chino-alemán para la producción de pasaportes también enfrentó cuestionamientos similares.
Más revelador aún fue el episodio del denominado cable Chile-China Express. La controversia pública en torno a esa iniciativa expuso una fragilidad institucional: Chile carece de criterios claros para evaluar proyectos con implicancias geopolíticas. Frente a presiones externas o tensiones entre potencias, el país termina reaccionando sin una estrategia definida.
Estos precedentes anticipan un escenario internacional en el que decisiones económicas, tecnológicas y comerciales estarán cada vez más atravesadas por consideraciones geopolíticas. La securitización de las cadenas globales de suministro, especialmente en torno a minerales críticos, y la competencia por infraestructuras logísticas cercanas a rutas transoceánicas forman parte de nuevas tensiones geoeconómicas que también podrían proyectarse hacia el Cono Sur. A ello se suma la presión por renegociar acuerdos comerciales frente a dinámicas triangulares, como ocurre en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), donde México ha adoptado medidas arancelarias para evitar que productos chinos ingresen indirectamente al mercado estadounidense y resguardar así su relación comercial con Washington.
Lo que estos precedentes revelan es un doble problema interrelacionado. Por un lado, el actual escenario internacional tensiona el consenso que ha orientado la política exterior chilena desde los años '90. Por otro, el país tampoco dispone de mecanismos institucionales adecuados para gestionar decisiones con implicancias estratégicas.
Una primera tarea consiste en definir con mayor claridad el rol que Chile busca desempeñar en este nuevo entorno internacional. Aunque esta definición debe surgir a nivel doméstico, difícilmente podrá implementarse plenamente en solitario. En un contexto de debilitamiento del multilateralismo tradicional, fortalecer espacios minilaterales de cooperación aparece como una vía pragmática para coordinar posiciones con otros países de tamaño medio y participar en la definición de estándares y reglas internacionales. En el ámbito digital, espacios como la Alianza del Pacífico o el Acuerdo de Asociación de Economía Digital ofrecen plataformas desde las cuales Chile puede proyectar sus prioridades y contribuir a la gobernanza del espacio transpacífico, particularmente desde el latino-pacífico.
Una segunda tarea consiste en actualizar los mecanismos institucionales del país para gestionar un entorno internacional más complejo. Ello implica desarrollar capacidades estatales que permitan evaluar proyectos con implicancias geopolíticas, anticipar riesgos y coordinar decisiones estratégicas que hoy atraviesan distintos sectores del Estado.
La pregunta de fondo es si Chile aspira a desempeñar un rol en la gobernanza del Pacífico o si se limitará a adaptarse a reglas definidas por otros. Tanto la definición de sus prioridades internacionales como la modernización de las instituciones encargadas de gestionarlas requieren una mirada país capaz de articular consensos de largo plazo. De lo contrario, la política internacional seguirá penetrando la política doméstica sin que el país cuente con las herramientas necesarias para anticipar sus efectos y resguardar sus intereses.
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