Sí, se puede mejorar la seguridad
Las recientes cifras sobre participación de adolescentes en delitos violentos debieran preocuparnos profundamente, pero también obligarnos a mirar el problema con más seriedad y evidencia. Según datos de Sename publicados en febrero de 2025, en la Región Metropolitana aumentó en 42% el ingreso de adolescentes que utilizaron armas de fuego para cometer delitos durante 2024. Asimismo, crecieron los ingresos a centros de administración directa por infracciones a la Ley de Control de Armas, delitos contra la propiedad y delitos contra las personas.
Frente a estos datos, la discusión pública suele concentrarse casi exclusivamente en aumentar sanciones o fortalecer la persecución penal. Sin embargo, la evidencia internacional es clara: ningún país ha logrado reducir de manera sostenida la delincuencia juvenil solo mediante medidas punitivas. La prevención temprana y el fortalecimiento de las condiciones sociales son mucho más efectivos para disminuir la violencia y evitar trayectorias delictivas persistentes.
En estos días, Fundación San Carlos de Maipo está participando en un seminario internacional sobre programas efectivos de prevención de violencia y delitos en niños y adolescentes. La evidencia presentada por especialistas de distintos países muestra resultados consistentes: las estrategias más eficaces son aquellas que combinan programas de salud mental, apoyo a la crianza, fortalecimiento de las habilidades parentales, escuelas capaces de enseñar y contener a estudiantes más complejos, y apoyos concretos al desarrollo económico de las familias.
Esto no es casualidad. La mayoría de los niños y adolescentes involucrados en delitos graves proviene de contextos marcados por exclusión, violencia intrafamiliar, deserción escolar, consumo problemático, problemas de salud mental y barrios, donde predominan la inseguridad y la falta de oportunidades. Cuando un niño crece sin acceso adecuado a apoyo emocional, educación de calidad, espacios seguros y redes comunitarias protectoras, aumentan significativamente las probabilidades de involucrarse en conductas violentas.
Por eso, si realmente queremos reducir la delincuencia juvenil, debemos dejar atrás la falsa dicotomía entre seguridad y políticas sociales. Invertir en prevención también es hacer política de seguridad. Tener barrios seguros, escuelas con capacidad de inclusión, atención oportuna en salud mental, apoyo a las familias y condiciones mínimas de estabilidad económica no son medidas accesorias, son parte central de cualquier estrategia seria de prevención del delito.
La evidencia muestra además que intervenir tempranamente no solo reduce la violencia, sino que resulta mucho más eficiente para el Estado que actuar cuando las trayectorias delictivas ya están consolidadas. Cada niño que permanece en la escuela, recibe apoyo psicológico adecuado o cuenta con un entorno familiar fortalecido representa una oportunidad concreta de evitar futuras víctimas, mayor violencia y enormes costos sociales.
Chile necesita una política pública integral para la niñez y adolescencia que entienda que la seguridad se construye mucho antes de que aparezca el delito. Si no somos capaces de invertir decididamente en prevención, seguiremos reaccionando tarde frente a problemas que pudieron haberse evitado.