La ministra Lincolao evade el debate de fondo sobre las Becas Chile
La ministra Ximena Lincolao llegó a la Comisión de Ciencias con un objetivo claro: presentar los resultados de la auditoría a Becas Chile y explicar los cambios que el Gobierno pretende introducir al programa. Sin embargo, tras casi dos horas de exposición y preguntas, quedó una sensación evidente: el Ministerio de Ciencia sigue sin responder la interrogante más importante sobre el futuro de estas becas.
Porque el verdadero debate ya no es cuántos becarios incumplieron sus obligaciones. La pregunta de fondo es otra: ¿Cómo se asegura que la enorme inversión pública en la formación de capital humano avanzado se traduzca en un beneficio concreto para Chile?
Esa fue precisamente la inquietud que planteó la diputada Francesca Serrano. No basta con que un becario regrese al país. El desafío es garantizar que ese conocimiento fortalezca la investigación, la innovación, la productividad y el desarrollo regional. En otras palabras, ¿qué significa realmente "retribuir" al país y cómo se medirá esa retribución? La respuesta nunca llegó.
En vez de explicar cómo será ese nuevo modelo, la ministra volvió una y otra vez sobre el mismo punto: los incumplimientos, las cobranzas y los más de $92 mil millones que el Estado busca recuperar. No hay referencias a alternativas para los contratos incumplidos ni al menos un borrador que considere la retribución efectiva, en tanto desarrollo y creación de conocimiento y su transferencia por las vías que fuere.
La propia presentación del ministerio reconoce que el sistema presenta fallas importantes. Se admite que muchos becarios regresan a Chile y no encuentran oportunidades laborales acordes con su formación. También se reconoce que las futuras becas deberían alinearse con áreas prioritarias y con las necesidades reales del país, pero no se menciona un mecanismo de decisión al respecto. Incluso se plantea modernizar la gestión y redefinir los criterios de asignación. Todo muy vago.
Pero cuando los parlamentarios preguntaron cómo se implementaría ese cambio, no hubo respuestas concretas. No hubo un cronograma para el rediseño. No hubo indicadores para medir el aporte efectivo de los becarios. No hubo una propuesta sobre cómo vincular el financiamiento con resultados concretos para el país.
La pregunta del diputado Andrés Celis fue igualmente reveladora: ¿Cómo puede el Estado evaluar el aporte real de un becario si solo controla que vuelva a Chile, pero no sabe dónde trabaja, qué investiga o qué impacto genera? La respuesta fue que ese tema se abordará en futuras bases. Es decir, el ministerio reconoce que hoy no existe dicho mecanismo.
Y ahí está el verdadero problema. Porque la retribución no puede reducirse al mero hecho de volver al país ni a acreditar la permanencia durante algunos años. Retribuir significa poner ese conocimiento al servicio de Chile. Significa generar investigación, innovación, emprendimiento, formación de nuevos profesionales o soluciones a los desafíos productivos y sociales del país. Y sobre esto, el domicilio postal del becario es intrascendente en el siglo XXI. Si el Estado no mide ese impacto, difícilmente puede afirmar que la inversión cumplió su propósito.
La ministra anunció un rediseño de Becas Chile y aseguró que el programa continuará con nuevas prioridades. Esa es una buena noticia. Lo preocupante es que todavía no existe una definición clara del elemento más importante del sistema: cómo se garantizará que la inversión pública en capital humano contribuya efectivamente al desarrollo nacional.
El Gobierno parece haber puesto el foco en recuperar recursos a diestra y siniestra, de forma indiscriminada y sin considerar alternativas de retribución caso a caso. Pero esto no exime de la obligación de responder la pregunta de fondo.
Porque el éxito de Becas Chile nunca debería medirse solo por cuántos regresan o por cuánto se recauda de quienes, al final del día, incumplen los parámetros del Decreto Supremo 664. Debería medirse por cuánto conocimiento nuevo logra transformar al país. Lo que evidencia el cambio en el decreto mencionado. Y esa sigue siendo la respuesta a la que la ministra Lincolao decidió no responder.