Coescrita con Pablo Jorquera Armijo, MPA Columbia University, exjefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos
La Ley de Presupuesto es la principal herramienta con que cada gobierno traduce sus prioridades en números. El Presupuesto 2027, el primero que esta administración enviará al Congreso, evidenciará las prioridades de esta nueva gestión.
La semana pasada se conocieron los parámetros estructurales que enmarcarán ese presupuesto: el crecimiento del PIB no minero tendencial y el precio de referencia del cobre. El primero no aporta, en la práctica, espacio fiscal adicional: aunque la proyección de crecimiento para 2027 subió de 2,0% a 2,6%, se corrigió a la baja el nivel de partida de 2026, por lo que ambos efectos se cancelan. El segundo, en cambio, es un cambio mayor. Los expertos proyectaron un precio de largo plazo del cobre de 537 centavos de dólar por libra: el más alto desde que este ejercicio existe, más del doble del promedio desde 2002 y 70% superior al promedio observado durante el gobierno del presidente Boric. Ese único parámetro explica casi la totalidad de los cerca de US$2.200 millones adicionales que el próximo presupuesto podrá contemplar por sobre lo los parámetros previos permitían. Según nuestras estimaciones, esto permitiría un crecimiento máximo respecto a la ley de Presupuestos 2026 del 1,5%.
Con todo, la buena noticia es parcial: incluso con este nuevo espacio, el gasto compatible con la meta de balance estructural (23,49% del PIB) queda levemente por debajo del gasto comprometido (beneficios legales, inversiones comprometidas y convenios plurianuales aprobados) para 2027 (23,54% del PIB), es decir, "faltan" en torno a US$220 millones. Ello, porque producto de la megarreforma los ingresos estructurales caerán 0,3% del PIB, y si bien el precio del cobre cierra casi todo el ajuste, no lo cierra del todo. Ante la desaceleración de la actividad económica y la necesidad de adoptar medidas contracíclicas, ¿utilizará el Gobierno todo el espacio fiscal que abre el mayor precio del cobre para aumentar el presupuesto en 1,5% y, de ser así, qué prioridades orientarán ese mayor gasto?
Primero, ese espacio debiera destinarse a sostener la actividad económica y el empleo, hoy debilitados por el deterioro de las expectativas en el país y la ralentización de la economía. El Estado es un actor decisivo en la inversión en infraestructura, y por eso preocupa que la ejecución del gasto en capital lleve, a julio, una caída superior a 14% respecto del año anterior. Reducir la inversión pública justo cuando la economía más la necesita es una señal equivocada.
El Presupuesto 2027 debiera revertir esa tendencia y priorizar el gasto en capital, respaldando a los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para agilizar la construcción y fortalecer la infraestructura que el desarrollo económico y social requiere, tal como lo piden sus ministros. La misma lógica debiera aplicarse a programas orientados al crecimiento de mediano plazo, como el presupuesto de Corfo y el programa Desarrollo Productivo Sostenible, que están sentando las bases del desarrollo de los próximos años.
Segundo, el presupuesto debe priorizar áreas especialmente sensibles para la ciudadanía, como la salud pública. Durante el gobierno del presidente Boric, el presupuesto de salud acumuló un aumento superior al 30% en cuatro años, lo que permitió financiar medidas como el Copago Cero y la inmunización de lactantes contra el virus respiratorio sincicial mediante nirsevimab. En el mismo período, la mediana de espera para una cirugía no GES se redujo en más de 200 días. Pese a estos avances, el problema está lejos de resolverse: las personas todavía esperan, en promedio, cerca de nueve meses para una intervención, mientras persisten brechas importantes en infraestructura hospitalaria, gestión de la red y capacidad de resolución. Todo ello justifica mantener la salud y la atención primaria entre las prioridades del Presupuesto 2027.
En síntesis, Chile enfrenta un escenario fiscal que, pese al aumento históricamente alto y persistente del precio de referencia del cobre, continúa siendo estrecho debido, entre otros factores, a la menor recaudación estructural estimada tras la megarreforma tributaria. En estas condiciones, el Presupuesto 2027 debiera concentrar el espacio disponible en sostener la inversión, el empleo y la capacidad de respuesta de la salud pública. Para financiar estas prioridades, el Gobierno y el Congreso podrían evaluar reasignaciones y modificaciones legales, entre ellas postergar la entrada en vigor de la compensación destinada a las cuatro comunas de mayores ingresos contemplada en la ley de Reconstrucción, lo que permitiría liberar más de $30 mil millones durante 2027.