Ley de Transferencia 2.0: transparencia que las fundaciones sí queremos
En la Fundación Cerro Navia Joven dedicamos una cantidad importante de horas al mes a rendir cuentas. Informes de ejecución, respaldos de gastos, planillas de asistencia, reportes a distintos servicios públicos, cada uno con su propio formato y su propia plataforma. Nada de eso aparece en nuestros talleres ni en nuestras visitas domiciliarias, pero es parte del trabajo. Y lo hacemos porque nos parece correcto; finalmente, administramos recursos que son de todos los chilenos.
Lo digo ahora porque la palabra "fundación" pesa distinto que hace unos años. El plan de Inspección Total al Estado, que acaba de cerrar con más de 1.500 hallazgos, puso el foco sobre las transferencias a fundaciones y corporaciones, y reveló vacíos importantes en la rendición de recursos públicos. Más allá de las cifras específicas, que han sido objeto de revisiones posteriores, el diagnóstico de fondo es claro: el sistema no permite hacer un seguimiento adecuado de los recursos que el Estado transfiere.
Resulta comprensible que la ciudadanía reaccione con desconfianza. Sin embargo, el inconveniente radica en que la duda se ha generalizado sin distinguir realidades: las irregularidades vinculadas a un número acotado de entidades empañan injustamente la labor de más de 403 mil organizaciones de la sociedad civil en Chile, entre las cuales figuran alrededor de 37 mil fundaciones y asociaciones. En su gran mayoría, se trata de agrupaciones locales de pequeño y mediano tamaño que, tras décadas realizando tareas insustituibles, rinden de manera impecable cada uno de los fondos que perciben.
No es una demanda aislada. El director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz, planteó recientemente que el propio informe de la Inspección Total identifica como dificultad estructural la dispersión de la información en distintos servicios y sistemas, y que por eso el sector viene insistiendo desde hace años en un registro único que permita trazabilidad y fiscalización. Su punto de fondo es que las organizaciones sociales son "un aliado insustituible" del Estado, que muchas veces llega antes y con mayor eficacia a enfrentar la pobreza y la exclusión, y que fortalecer ese vínculo con reglas claras, transparentes y proporcionales mejora el control de los recursos públicos al mismo tiempo que reconoce ese aporte.
En nuestro caso, llevamos 33 años colaborando en zonas vulnerables de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Acompañamos cada semana a más de 400 personas mayores, sostenemos una sala cuna y un jardín infantil donde pasan el día cerca de 100 niños y niñas; trabajamos en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y en la rehabilitación de drogas para adolescentes y adultos. No somos una excepción, formamos parte de un ecosistema de organizaciones que, según el Centro de Políticas Públicas UC, financia el 41% de su trabajo con recursos del Estado, precisamente porque ejecuta políticas públicas en lugares donde el Estado no llega solo.
Queremos más fiscalización, no menos. Hoy la información sobre transferencias está dispersa en distintos servicios, plataformas y formatos, lo que hace difícil el seguimiento tanto para el Estado como para nosotros. El propio informe de la Inspección Total identificó esa dispersión como una dificultad estructural. En este caso, el problema de diseño es evidente.
Desde hace varios años, las organizaciones de la sociedad civil venimos impulsando una Ley de Transferencias 2.0 que establezca un marco claro para la colaboración que prestamos al país, junto con un registro único que permita trazabilidad, transparencia y fiscalización real. Un sistema moderno donde sea posible saber, en un solo lugar, qué organización recibió cuánto, para qué y si lo rindió.
Pero quiero agregar un punto que suele quedar fuera de esta discusión, y que se ve muy claro desde el territorio: la proporcionalidad.
Las exigencias administrativas no pueden ser las mismas para una organización con equipos jurídicos y contables robustos que para una fundación pequeña o mediana, que trabaja en una comuna con presupuesto acotado. Sin un criterio diferenciado por tamaño, el trabajo burocrático termina por asfixiar a este tipo de entidades. Puesto que los aportes estatales rara vez cubren los costos de gestión, las organizaciones se ven forzadas a invertir en trámites el tiempo que deberían dedicar a la atención directa de las personas.
Una buena ley de transferencias acorde a los tiempos debería lograr tres cosas al mismo tiempo: que el Estado pueda fiscalizar de verdad, que la ciudadanía pueda saber en qué se gastan sus recursos y que las fundaciones y organizaciones podamos concentrarnos en nuestro trabajo.