Universalizar la garantía sin universalizar la espera
En su Cuenta Pública, la ministra May Chomali anunció que impulsará, en el decreto GES 2028-2031, "la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres". Es una decisión correcta, pero su relevancia excede al sector salud. Habla del país que queremos construir.
Invertir en salud no es una consecuencia del desarrollo: es una de sus condiciones. Una población más sana vive mejor y desarrolla sus capacidades. El cáncer, en cambio, destruye bienestar, empobrece hogares, reduce productividad y profundiza desigualdades. Por eso, ampliar su cobertura no es solo gasto social: es inversión en capital humano, cohesión y crecimiento.
Hoy existen 82.881 garantías GES retrasadas, con 127 días promedio de demora, y la red acumula $565 mil millones de deuda. Ampliar una garantía sobre esta base exige algo más que voluntad política: capacidad estatal, disciplina fiscal e instituciones que permitan priorizar, financiar y evaluar con perspectiva de largo plazo.
La primera condición es definir una secuencia legítima. Si la incorporación será progresiva, el país debe saber qué cánceres ingresarán primero y por qué. La decisión debe basarse en evidencia, carga de enfermedad, necesidad no cubierta, impacto clínico y social, capacidad de respuesta e impacto presupuestario. Los criterios deben ser públicos, uniformes y trazables.
La segunda es asegurar financiamiento plurianual. No se trata necesariamente de ampliar el presupuesto, sino de reasignarlo mejor. Un Estado serio debe reducir ineficiencias -como el abuso de licencias médicas- y redirigir recursos hacia intervenciones con resultados medibles. Si cada nueva garantía compite con las deudas y presiones que ya arrastra el sistema, desde la deuda hospitalaria hasta las listas de espera, la política perderá continuidad y credibilidad.
La tercera es construir una institucionalidad ETESA (evaluación de tecnologías sanitarias) robusta, permanente y técnicamente autónoma. En oncología, la evidencia cambia en meses mientras las canastas permanecen congeladas durante años. Evaluar no es incorporar todo; es determinar qué tecnología aporta valor clínico, social y económico, para qué pacientes, a qué costo y bajo qué condiciones. Es negociar mejor, medir resultados y revisar decisiones. Los acuerdos de riesgo compartido muestran que acceso, sostenibilidad e innovación pueden alinearse.
La investigación clínica también debe formar parte de esta estrategia. Cuatro de cada 10 ensayos autorizados en Chile son oncológicos. Para los pacientes significan acceso temprano; para el país, inversión, empleo calificado, capacidades científicas y conocimiento. Sin embargo, la modernización de la ley Ricarte Soto, necesaria para remover barreras a la investigación y al acceso, sigue pendiente. Un país que aspira a una economía del conocimiento no puede mantener detenidas las reformas que la habilitan.
La ruta 2028-2031 debe construirse desde ahora, con gobernanza transparente y metas verificables: tiempos de diagnóstico, acceso efectivo, resultados clínicos, reducción de brechas territoriales y protección financiera.
Incorporar todos los cánceres al GES puede ser mucho más que ampliar cobertura. Puede convertirse en una política de Estado que articule bienestar, responsabilidad fiscal, ciencia y desarrollo productivo. Ese es el desafío de fondo: no solo tratar mejor el cáncer, sino demostrar que Chile todavía puede pensar, decidir y construir para el largo plazo.