Gobernar sin coalición: los anillos de Boric y la colaboración de Kast
Durante más de dos décadas, el sistema de partidos chileno combinó una fragmentación relativamente alta con baja polarización. Las coaliciones ordenaban la competencia y permitían identificar con claridad las alternativas gubernamentales y las responsabilidades políticas. Wolinetz denomina multipartidismo extendido a los sistemas que combinan alta fragmentación y baja polarización.
Para caracterizar la experiencia chilena de aquellos años utilizamos la expresión pluralismo extendido, que recoge esas mismas dimensiones. Ese arreglo absorbía buena parte de la dispersión partidaria y la articulaba en dos grandes bloques.
Hasta 2014, además, el sistema presentaba un grado importante de cierre. El concepto, formulado originalmente por Mair y desarrollado por Casal Bértoa y Enyedi, se refiere al grado de previsibilidad de la competencia por el gobierno. Considera las pautas de alternancia, las fórmulas de cooperación y el acceso de los partidos al poder. Chile podía ser altamente competitivo y permitir cambios de gobierno, mientras los actores relevantes y las fronteras entre los bloques conservaban cierta continuidad.
La Concertación y la Alianza, con sus sucesivas transformaciones, organizaron la competencia y redujeron la fragmentación efectiva. Incluso la Nueva Mayoría, ampliada mediante la incorporación del Partido Comunista, preservó buena parte del núcleo histórico de la coalición anterior. Los electores podían reconocer quién gobernaba y quién se oponía. La responsabilidad por el rumbo general del país podía atribuirse a partidos identificables.
A partir de 2014 comenzó una transición lenta. Las coaliciones siguieron existiendo, aunque perdieron capacidad para producir programas compartidos y resolver sus controversias. La coordinación parlamentaria se debilitó. Aumentaron las escisiones, mientras nuevas organizaciones ingresaban a la competencia. Al mismo tiempo, cayó la identificación partidaria y se deterioró la confianza pública. La militancia perdió densidad y capacidad de vinculación social. Las coaliciones dejaron de procesar adecuadamente varias de las demandas surgidas en una sociedad más diferenciada.
El estallido social de octubre de 2019 aceleró ese proceso. Durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Chile Vamos dejó de operar como una coalición capaz de comprometer consistentemente a sus parlamentarios. La pérdida de autoridad presidencial se hizo especialmente visible durante la discusión de los retiros previsionales. Ese gobierno carecía de mayoría, pero la crisis llegó más lejos. El oficialismo perdió incluso la capacidad de bloqueo frente a reformas constitucionales. Parlamentarios elegidos dentro de la coalición gubernamental apoyaron iniciativas contrarias a la posición del Ejecutivo. La afiliación partidaria dejó de anticipar con suficiente claridad el comportamiento legislativo y la frontera entre gobierno y oposición perdió nitidez.
La elección parlamentaria de 2021 cristalizó estas tendencias. La fragmentación se convirtió en atomización y aumentó la polarización ideológica, afectiva y relacional. Los bloques se debilitaron, mientras se desarrollaba una doble dinámica centrífuga. Los partidos competían contra sus adversarios, pero destinaban una parte creciente de sus energías a disputar la hegemonía dentro de cada sector.
Hemos propuesto denominar esta configuración Sistema de Atomización Polarizado. Su rasgo central excede la mera existencia de muchos partidos. Combina un elevado número de actores relevantes con organizaciones frágiles y vínculos sociales debilitados. A ello se agregan la erosión de las coaliciones, una polarización multidimensional y una capacidad reducida para producir decisiones colectivas estables.
La apertura del sistema ha llegado a un punto en que resulta difícil hablar de coaliciones de gobierno en sentido estricto. Una coalición supone un programa efectivamente compartido y una instancia de conducción común. Requiere procedimientos para resolver las diferencias, coordinar la acción legislativa y asumir colectivamente la responsabilidad por los resultados.
La coincidencia electoral o el respaldo en una segunda vuelta resultan insuficientes. Tampoco basta con incorporar al gabinete ministros vinculados a partidos distintos.
Durante el gobierno de Gabriel Boric operaron dos anillos. Apruebo Dignidad ocupó inicialmente el núcleo político, mientras el Socialismo Democrático se situó en una posición más externa y aportó experiencia estatal, capacidad de articulación y respaldo legislativo. Ambos sectores participaron en el Ejecutivo, pero no constituyeron una dirección común ni actualizaron conjuntamente el programa después de la derrota plebiscitaria de septiembre de 2022. La composición del gabinete se amplió sin que surgiera una conducción plenamente integrada.
La arquitectura inicial del gobierno de José Antonio Kast presenta una forma distinta. Existe un partido presidencial que conserva la dirección, junto con ministros independientes y dirigentes provenientes de la derecha tradicional. Los apoyos parlamentarios cambian según la materia discutida. La alianza electoral, los respaldos recibidos por la candidatura presidencial y la composición del gabinete no coinciden plenamente. Tampoco existe una mayoría legislativa permanente, pues los votos necesarios provienen de combinaciones variables.
Renovación Nacional ha definido expresamente su posición como la de un partido colaborador. Desde esa ubicación propuso un comité político semanal, coordinación legislativa y comunicacional, una secretaría técnica y un procedimiento para resolver controversias en 48 horas. Estas iniciativas surgen porque no existe una organización común capaz de cumplir regularmente esas funciones. Buscan hacer operativa la cooperación sin suprimir la autonomía partidaria.
La reciente insistencia de Schalper en designar un ministro vocero responde al mismo problema. Una autoridad dedicada a ordenar los mensajes podría reducir las contradicciones comunicacionales, pero no reemplazaría una conducción política compartida ni los mecanismos necesarios para resolver las diferencias. El problema comunicacional expresa una dificultad más profunda de coordinación gubernamental.
Los enfrentamientos de los últimos meses muestran la magnitud del problema. Republicanos y el Partido Nacional Libertario impulsaron la acusación constitucional contra Nicolás Grau, pese a las objeciones de sectores de Chile Vamos y del propio gobierno. El rechazo del libelo en el Senado provocó recriminaciones cruzadas y reactivó el calificativo de "derechita cobarde".
Luego surgió la controversia sobre el indulto a agentes estatales condenados por hechos vinculados al estallido social. Libertarios y republicanos promovieron una fórmula general, mientras RN y la UDI defendieron la revisión de los casos y Evópoli cuestionó la conveniencia de la medida. El Presidente optó por un examen individual. El desacuerdo volvió a mostrar que el partido presidencial puede compartir posiciones con una organización situada fuera del gobierno y distanciarse de quienes participan en el Ejecutivo.
Las diferencias se extendieron a las agendas económica y valórica. La propuesta de Squella de abrir parte de la propiedad de Codelco al capital privado fue recibida con distancia por Chile Vamos y descartada por el gobierno. El proyecto "Escucha su Corazón" tampoco fue asumido como una prioridad del Ejecutivo y abrió nuevas discrepancias con los libertarios.
Las críticas de Evelyn Matthei confirman la ausencia de disciplina coalicional. La exabanderada de Chile Vamos ha cuestionado decisiones del Ejecutivo y ha afirmado que entre ese bloque y Republicanos no existe una coalición. Su posición muestra que una figura central de la derecha tradicional puede respaldar la instalación del gobierno y conservar plena libertad para criticar su orientación.
A ello se agrega un desajuste entre cooperación gubernamental y afinidad ideológica. Agustín Romero sostuvo que su partido tenía mayor cercanía con los libertarios que con Chile Vamos. Benjamín Moreno respaldó esa apreciación. Squella afirmó que le hacía sentido, confirmando que una parte de la dirigencia republicana distingue entre sus socios gubernamentales y sus aliados ideológicos más próximos.
El eje gubernamental y el eje ideológico no coinciden. Chile Vamos aporta cuadros, experiencia estatal y capacidad parlamentaria. Los libertarios ofrecen mayor proximidad programática con algunos sectores republicanos y presionan desde posiciones más radicales. El partido presidencial debe administrar ambas relaciones, expuesto a las exigencias de la gestión y a la competencia por la hegemonía dentro de la derecha.
La falta de un filtro político común también ha afectado los nombramientos. Al 3 de agosto, 39 autoridades habían dejado sus cargos. El recuento comprendía dos ministras, cinco subsecretarios y 32 seremis. Las causas fueron diversas y no corresponde atribuirlas a un solo problema. La magnitud de la rotación sugiere, con todo, debilidades en la selección y revisión de antecedentes. Una coalición estructurada tampoco impediría estas equivocaciones, pero ampliaría las redes de reclutamiento y facilitaría los controles cruzados. A la vez, haría más clara la responsabilidad de cada partido por las personas que propone.
La salida de Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, añadió una dimensión política a esta rotación. Tras conocerse nuevos exámenes negativos, Squella dirigió ácidos emplazamientos a Máximo Pavez y Claudio Alvarado, mientras Interior y Hacienda transmitían señales distintas. El episodio expuso la dificultad del Gobierno para procesar internamente sus controversias y sostener una posición común.
Una coalición dotada de mecanismos internos habría intentado procesar el conflicto antes de que escalara públicamente, mediante una posición común y vocerías ordenadas. En la arquitectura actual, cada actor conserva un margen considerable para defender sus propios criterios y deslindar responsabilidades.
El Partido Nacional Libertario ocupa una posición especialmente ventajosa para la competencia dentro de la derecha. Puede respaldar las iniciativas coincidentes con su agenda y presionar al partido presidencial. Cuando el gobierno modera sus propuestas, conserva libertad para criticarlo. Su influencia no depende de ingresar al gabinete. La cercanía ideológica reconocida por dirigentes republicanos fortalece su capacidad de condicionamiento desde fuera.
El Partido de la Gente ocupa otra posición. Puede actuar como pivote transaccional en la Cámara y aportar los votos necesarios para determinadas reformas. Conserva su autonomía y negocia proyecto por proyecto. Los posibles beneficios electorales de esa estrategia son inciertos. Dependerán de los efectos de las medidas que respalde y de la capacidad de la ciudadanía para atribuirle responsabilidad por sus consecuencias.
La política chilena ha transitado desde coaliciones relativamente estables hacia una arquitectura compuesta por núcleos y anillos. A ellos se agregan partidos colaboradores, pivotes legislativos y respaldos puntuales. Estos mecanismos permiten sostener la administración y construir mayorías circunstanciales, sin recuperar plenamente la capacidad agregativa de una coalición.
La responsabilidad política se vuelve menos trazable. Un partido puede disponer de ministros y conservar libertad para criticar al gobierno. Otro puede influir decisivamente sobre una reforma sin responder por el resto de la gestión. Una organización situada fuera del gabinete puede presionar al partido presidencial y reivindicar, al mismo tiempo, su proximidad ideológica. En estas condiciones, todos pueden atribuirse los éxitos y tomar distancia de los costos.
En 2014, Chile tenía un sistema fragmentado y escasamente polarizado, ordenado por coaliciones y con un grado importante de cierre. Hoy posee un sistema atomizado y polarizado. Su apertura se ha vuelto extrema. La gobernabilidad no ha desaparecido, pero se ha hecho más costosa y transaccional. Ha perdido estabilidad, porque cada decisión obliga a reconstruir los apoyos y administrar presiones provenientes de sectores distintos.
La reducción legal del número de partidos puede modificar el formato del sistema. No reconstruirá por sí sola las coaliciones ni restablecerá la disciplina. Tampoco recuperará automáticamente la confianza o la previsibilidad de las alternativas gubernamentales. Chile ya cuenta con un umbral legal para la subsistencia de los partidos. Después de la elección parlamentaria de 2025, 11 colectividades fueron disueltas. Esta reducción formal no ha impedido que la acción política continúe desarrollándose mediante relaciones flexibles y mayorías contingentes.
Hemos pasado desde un pluralismo extendido, ordenado por coaliciones, hacia una atomización polarizada sostenida mediante anillos y formas flexibles de colaboración. Si esta configuración se mantiene, la democracia chilena tendrá crecientes dificultades para delimitar las responsabilidades políticas. La frontera entre gobierno y oposición será cada vez menos clara.