Lo que viene en la implementación de reforma previsional
A 16 meses de la entrada en vigencia de la reforma previsional, los cambios anunciados se siguen concretando. Con la mirada puesta en 2027, año en que debutarán los denominados "fondos generacionales" y la "licitación de stock", el sistema enfrenta el desafío de ejecutar cambios estructurales sin comprometer la rentabilidad ni la libertad de elección del afiliado.
La puesta en marcha de los "fondos generacionales" implica un cambio profundo. En abril del próximo año, los afiliados serán agrupados en al menos 10 cohortes de edad, dejando atrás los multifondos que existen hoy. El sistema ajustará automáticamente el nivel de riesgo de las inversiones de cada grupo, siendo más arriesgado para los jóvenes y tornándose conservador a medida que la persona se acerca a la edad de jubilación.
Este diseño busca mitigar el riesgo de malas decisiones individuales, un problema que la falta de educación previsional ha evidenciado en el sistema actual. De hecho, una encuesta dada a conocer hace pocos días, señaló que la mayoría de las personas (54%) dice estar "poco o nada" informada sobre los cambios que se pondrán en marcha en abril.
En paralelo, la licitación de stock de afiliados surge como otro eje crítico a observar. Así, en 2027 se concretará la primera licitación, dando inicio a un ciclo de concursos cada dos años que busca aumentar la competencia. Se han levantado alertas sobre el impacto en las inversiones y la rentabilidad que puede tener el cambio a fondos generacionales y la licitación de stock el mismo año, alertas que obviamente se deben ponderar, cuantificar y gestionar de buena forma, para evitar los riesgos.
También existe una preocupación sobre los nuevos roles conferidos a la Superintendencia de Pensiones. La definición de benchmarks y límites de inversión no debería traducirse en una excesiva intervención que limite la capacidad de gestión de las administradoras, sino que por el contrario, debe dejar espacio para la diferenciación mediante solvencia técnica y rentabilidad. En este punto también podrían ser revisables los mínimos de inversión en los límites en consulta, ya que puede implicar obligar a determinadas inversiones que no sean, necesariamente, las más rentables. Debiera contemplarse sólo máximos de inversión.
Por todo lo anterior, resulta imperativo insistir en la necesidad de transitar hacia una superintendencia colegiada que dé continuidad a las políticas más allá de los gobiernos de turno. Un consejo de expertos, con visión técnica diversa y autonomía, permitiría blindar la toma de decisiones frente a presiones políticas o sesgos, asegurando que la estabilidad del sistema se construya sobre estándares de largo plazo y no sobre el criterio unipersonal.
La hoja de ruta está trazada, la eficacia en su implementación será la única métrica que realmente importará a los futuros pensionados.