Durante siglos, cuando una familia evaluaba una vivienda las preguntas eran prácticamente las mismas. ¿Tiene agua potable? ¿Cuenta con electricidad? ¿Hay alcantarillado? ¿Está cerca de una escuela? ¿Tiene acceso al transporte público? Durante generaciones, la calidad del hábitat se definió por la infraestructura física que llegaba hasta la puerta de la casa, porque esa infraestructura determina las oportunidades de quienes viven en ella.
Durante décadas entendimos el hábitat urbano como el conjunto de condiciones físicas que permitían vivir en una ciudad, con viviendas, calles, plazas, transporte, agua potable, electricidad y equipamientos públicos. Sin embargo, el siglo XXI incorpora una nueva dimensión. La mayor transformación de nuestras ciudades no está ocurriendo en el hormigón, en el acero ni en los materiales de construcción. Hoy el hábitat urbano también está compuesto por una infraestructura, en su sentido más genuino, en la estructura que sostiene todo lo demás -conectividad, datos, inteligencia artificial, centros de datos, plataformas digitales e interoperabilidad- que condiciona la forma en que trabajamos, aprendemos, nos movilizamos, accedemos a la salud, nos relacionamos con el Estado y ejercemos nuestros derechos. El hábitat urbano dejó de ser exclusivamente físico para convertirse en un ecosistema físico y digital.
Imaginemos exactamente la misma vivienda chilena. No cambia la familia. No cambia el barrio. Solo cambia el tiempo.
En 1950 una buena vivienda era aquella que tenía agua potable, electricidad y una calle pavimentada. En el año 2026 esa misma vivienda ya no es solamente un lugar para dormir. Es oficina, sala de clases, consultorio, banco, supermercado, estudio de televisión, gimnasio, espacio de trabajo y oficina pública al mismo tiempo. Desde una misma casa hoy podemos estudiar, trabajar, realizar una teleconsulta médica, emprender, hacer trámites con el Estado o participar de una reunión en cualquier lugar del mundo.
Pero el verdadero cambio aún no está ahí. El verdadero cambio consiste en que dos familias pueden vivir en viviendas prácticamente idénticas, ubicadas incluso en el mismo barrio, pero experimentar niveles completamente distintos de bienestar dependiendo de una variable que hace apenas 10 años casi no figuraba en las políticas habitacionales, la calidad de su infraestructura digital. Porque quien no tiene conectividad de calidad tampoco accede en igualdad de condiciones a educación, salud, trabajo, seguridad, servicios públicos ni oportunidades de desarrollo. La brecha digital dejó hace tiempo de ser una brecha tecnológica. Hoy es una nueva expresión de desigualdad.
Ahora imaginemos esa misma vivienda dentro de 15 años. La casa detectará una fuga de agua antes de que provoque una inundación. Optimizará automáticamente el consumo energético. Alertará cuando un adulto mayor lleve demasiado tiempo sin desplazarse. Coordinará la carga de un vehículo eléctrico con la disponibilidad de energías renovables. Se comunicará con el centro de salud, con el sistema eléctrico y con los servicios de emergencia. Muchos podrían pensar que estamos describiendo ciencia ficción. No lo estamos. Prácticamente todas esas tecnologías están disponibles actualmente.
Hemos transitado en distintas fases de la revolución digital desde conectar personas. Después desplegamos esfuerzos en digitalizar empresas. Más tarde concentramos capacidades en digitalizar el Estado. Pero hoy estamos entrando en una etapa completamente distinta. Estamos comenzando a digitalizar el lugar donde vivimos. Y eso modifica la definición misma del hábitat urbano.
Durante miles de años la vivienda fue un objeto arquitectónico. Un espacio construido para protegernos del frío, de la lluvia o del calor. Más tarde incorporó agua potable, electricidad, gas, telecomunicaciones y transporte. Cada nueva infraestructura aumentó las oportunidades de quienes vivían dentro de ella. Pero todas compartían una característica, la vivienda siempre fue un consumidor de infraestructura. Consume agua, electricidad, transporte y servicios.
Nunca producía ciudad. Y creo que ahí está ocurriendo la mayor revolución urbana de nuestra generación. Por primera vez una vivienda comenzará también a producir valor para todo el entorno. Generará información para optimizar el consumo energético, ayudará a prevenir delitos; alertará tempranamente sobre emergencias, contribuirá a proteger a personas mayores, permitirá administrar mejor el agua, entregará información para mejorar la movilidad y optimizará recursos públicos. La vivienda dejará de ser un consumidor pasivo de servicios para convertirse en un valor activo del funcionamiento urbano. Y aquí aparece, probablemente, la idea más importante de todas. La vivienda deja de ser un inmueble para convertirse en un nodo de la infraestructura urbana.
Porque una ciudad inteligente no es aquella que instala más sensores, más cámaras o más inteligencia artificial. Una ciudad inteligente es la que desarrolla mejores capacidades para cuidar a las personas. La inteligencia nunca estuvo en los dispositivos. Siempre estuvo en las decisiones. Por eso las metodologías más avanzadas para evaluar municipios inteligentes ya no miden únicamente infraestructura tecnológica, sino que miden capacidades como visión estratégica, gobernanza, infraestructura digital, gestión de datos, servicios digitales, inteligencia artificial y seguridad urbana. Lo importante no es la tecnología por sí misma, sino la capacidad institucional para utilizarla en beneficio de las personas.
Desde esa perspectiva, la vivienda deja de ser el lugar donde termina la ciudad. Se convierte en el lugar donde la ciudad comienza. Porque será desde allí donde se generará buena parte de la información que permitirá administrar energía, salud, seguridad, movilidad, emergencias y servicios públicos.
La vivienda se transforma en la nueva interfaz entre las personas y la ciudad. Chile ya dio un primer paso para llegar hasta aquí. La Ley de Ductos, la Red Interna de Telecomunicaciones, el despliegue masivo de fibra óptica, la compartición de infraestructura, neutralidad tecnológica y la competencia al interior de los edificios construyeron las bases de esta transformación. Aquellas políticas públicas fueron fundamentales para conectar millones de hogares. Pero el desafío de la próxima década será distinto. Necesitamos políticas públicas que dejen de considerar la conectividad como un servicio accesorio. Debe formar parte del ethos del Ministerio de Vivienda y de Obras Públicas, convirtiéndolo en el estándar mínimo de habitabilidad e incorporar la infraestructura digital como parte del diseño urbano. Ya no bastará con conectar viviendas. Tendremos que conectar ecosistemas. Tendremos que construir estándares de interoperabilidad, fortalecer la ciberseguridad, proteger los datos personales y desarrollar una gobernanza capaz de integrar inteligencia artificial, infraestructura digital y servicios públicos en un mismo sistema.
Hace 100 años el agua potable cambió la salud pública, la electricidad cambió la productividad e internet cambió la forma en que nos comunicamos. Hoy la infraestructura digital cambiará algo todavía más profundo, cambiará la forma en que habitamos nuestras ciudades. Y cuando eso ocurra dejaremos de preguntar si una vivienda tiene buena conexión a internet. Preguntaremos algo mucho más importante. ¿Esta vivienda ayuda a vivir mejor? Porque el nuevo estándar del hábitat urbano ya no se medirá únicamente por sus metros cuadrados, por la calidad del hormigón o por su eficiencia energética. Se medirá por su capacidad para conectar oportunidades, para anticipar riesgos, para acercar derecho, para proteger vidas y para cuidar mejor a las personas.
Probablemente ese sea el cambio urbano más importante desde que la electricidad iluminó por primera vez nuestras calles y hogares. Porque las ciudades del futuro no competirán por tener los edificios más altos, sino por ofrecer hogares más humanos. Y esos hogares serán posibles gracias a una infraestructura que casi nadie verá, pero de la cual dependerá prácticamente todo.