Violencia escolar y el rol del Estado y las familias
La violencia escolar en los establecimientos educacionales se ha transformado en una realidad preocupante que exige decisiones firmes y liderazgo político. No podemos seguir naturalizando agresiones a docentes, riñas entre estudiantes, amenazas o daños a la infraestructura, como si fueran parte del paisaje cotidiano.
Cuando la violencia entra a la sala de clases, el aprendizaje retrocede y la autoridad se debilita.
Como diputado, he sido testigo de la angustia de los directores, docentes y asistentes de la educación, que sienten que muchas veces se enfrentan solos a situaciones complejas, sin herramientas suficientes ni respaldo claro. Por eso, la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Protección y Convivencia en los establecimientos educacionales, representa un avance relevante.
Esta norma, que entrará en vigencia el 1 de julio de este año, fortalece los protocolos, establece mayores obligaciones en materia de prevención, erradicación de todo tipo de violencia escolar y promueve el bienestar y la sana convivencia dentro de las comunidades educativas.
Sin embargo, no basta con aprobar una ley. El desafío ahora es su correcta implementación. Debemos asegurar recursos, capacitación y apoyo profesional para que esta normativa se traduzca en medidas concretas y no quede solo en el papel. Se requiere reforzar los equipos de convivencia escolar, facilitar procesos sancionatorios cuando corresponda y garantizar que los docentes puedan ejercer su labor con autoridad y respaldo jurídico.
La señal debe ser clara: en nuestros colegios se estudia y se convive con respeto. Se debe abordar también el problema desde su raíz. Las familias cumplen un rol insustituible en la formación de valores, límites y responsabilidad. No podemos trasladar toda la carga al sistema escolar, cuando la educación comienza en cada hogar. Nuestro deber como autoridades es entregar herramientas y certezas; el compromiso de los padres debe ser educar con responsabilidad.