Cuidar la puerta de entrada al Estado

Víctor Inostroza Cárcamo

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Hace algunos días se conocieron las condenas contra los exalcaldes de Algarrobo y Rancagua, y con eso la corrupción municipal volvió a la conversación pública por la vía más dura, la de los tribunales. No es un tema nuevo. Ahí están, por ejemplo, causas mediáticas que siguen en desarrollo y que han instalado la discusión hace años, como Recoleta o Maipú. Pero estas dos condenas recientes sirven para recordar que la corrupción, en su escala más cercana, golpea donde más duele: en la puerta de entrada al Estado, que para la mayoría de las personas es el municipio.

En simple, la corrupción es usar el poder público para beneficio privado. Puede tomar la forma de coimas, contratos direccionados, favores, redes de contratación o la administración opaca de recursos que termina beneficiando a unos pocos. Y aunque no toda mala gestión sea corrupción, la experiencia comparada muestra algo constante. Cuando se normaliza la falta de reglas claras, de trazabilidad y de sanción, la distancia entre el desorden y el abuso se acorta.

Montesquieu plantea, en "El espíritu de las leyes", que los regímenes libres descansan en una virtud pública mínima. No perfección ni santidad, sino la disposición a respetar la regla común y a reconocer límites. Cuando esa virtud se corrompe, el gobierno no solo se vuelve ineficiente, sino que se descompone. La norma deja de ser un piso compartido y pasa a ser una condición negociable. El daño más profundo no es el monto perdido, sino el trauma social que deja el abuso.

Esto se vuelve especialmente delicado a nivel municipal por una razón concreta. Para la mayoría, el municipio es el primer lugar donde se percibe la acción del Estado. Patentes, permisos, subsidios, aseo, iluminación, salud primaria, seguridad comunal, mantención urbana, entre otros. Cuando la casa municipal se contamina, el ciudadano no siente que le falló una institución lejana; siente que el Estado de Chile, en su concepción más cercana, funciona con doble estándar. Y ahí aparecen efectos que son más políticos que contables. Se desplazan recursos desde servicios hacia redes, se premia el atajo por sobre la regla y se castiga con más fuerza a quien no tiene plan B.

Esa intuición está cada vez más presente en la opinión pública. En la Encuesta de Opinión Política de Fundación P!ensa, ante la pregunta por los tres problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo, "corrupción en política" aparecía en 2022 en quinto lugar. En 2025 sube al segundo lugar, con 30,9% de menciones, solo detrás de la delincuencia. En otras palabras, la corrupción se consolidó como prioridad nacional y escaló posiciones en la lista de urgencias. Y no es solo prioridad en abstracto. En la Encuesta Bicentenario UC, en una escala de 1 a 10, quienes perciben "mucha" corrupción (7 a 10) suben de 62% en 2015 a 81% en 2025.

Por eso el cierre no puede ser solo penal. Las condenas importan, pero no alcanzan. El desafío es evitar que se instale la idea de que "todo está arreglado", porque cuando esa percepción se vuelve la norma, la ciudadanía deja de creer en la regla y empieza a desconfiar de todo, incluso de lo que funciona. Aquí el próximo gobierno tiene una tarea clave. Instalar el combate a la corrupción, especialmente en lo municipal, como un tema de Estado, sostenido en reglas, controles y consecuencias.

La corrupción municipal, además, es regresiva. Quien tiene contactos o recursos encuentra alternativas. Quien depende del consultorio, del subsidio, de la patente o del permiso, queda atrapado en el Estado real, el de la fila y la ventanilla. Por eso pega donde más duele y donde menos margen existe para amortiguar el golpe. Cuidar esa puerta, entonces, no es solo una exigencia ética. Es una condición básica para que el Estado sea creíble, y para que la igualdad ante la regla deje de ser un eslogan.