Las nuevas cifras de desigualdad obligan a una conversación que el país ha evitado

Paula Poblete Maureira

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Durante años las cifras disponibles en Chile indicaban que el 10% más rico concentraba cerca de un tercio del ingreso nacional y que el coeficiente de Gini rondaba el 0,5. Nada en nuestra discusión pública da cuenta de una alarma al respecto. ¿Qué haremos ahora que las estadísticas oficiales nos indican que la desigualdad de ingresos es mucho mayor?

En nuestro país hablamos de pobreza, de subsidios, de gasto social, de déficit fiscal, pero casi nada de la escandalosa concentración de los ingresos y de la riqueza. Esto no solo tiene efectos económicos para la mayoría de la población, en términos de cómo se asignan los recursos, sino que obliga a preguntarnos cómo se distribuyen las oportunidades y el poder en nuestra sociedad.

Con el fin de aportar a comprender la realidad social, desde la Subsecretaría de Evaluación Social elaboramos el Informe de Desigualdad de Ingresos en Chile, disponible en bidat.gob.cl. El estudio, que sigue la metodología desarrollada por el World Inequality Lab, combina la información de la Encuesta Casen -instrumento con el que se ha medido históricamente la desigualdad de ingresos del país- con registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos y datos de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile.

La encuesta Casen ha sido clave para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, la evidencia acumulada, tanto nacional como internacional, ha mostrado las limitaciones de las encuestas de hogares para representar adecuadamente la realidad de los tramos más altos de la distribución de ingresos, debido a su subcaptura y subreporte. Cuando eso ocurre, se subestima la desigualdad, especialmente en países que, como Chile, concentran una gran proporción de los ingresos del capital en pocas manos.

Afinando la estimación, entonces, la concentración de ingresos en el país es mucho mayor: a nivel del ingreso autónomo del año 2022, el 10% más rico no concentra un tercio (33,5%), sino cerca de la mitad del ingreso nacional (47,4%). En cambio, el 50% de menores ingresos no alcanza un quinto del total (20,6%), sino apenas 15,2%. La desigualdad es bastante mayor de lo que mostraban las mediciones tradicionales y esto repercute directamente en el coeficiente de Gini, que aumenta de 0,51 a 0,62 y se mantiene sin diferencias estadísticamente significativas entre 2006 y 2022.

Chile históricamente ha sido uno de los países más desiguales y, sin embargo, pareciera que eso no importara. Salvo EE.UU. -que, aunque ahora exhibe índices preocupantes de desigualdad, se desarrolló con niveles de desigualdad moderada-, no existen países que hayan alcanzado niveles de ingreso per cápita superiores a los 40.000 dólares con índices de Gini por sobre 0,4. Por eso, si queremos crecer de manera sostenible, es necesario repartir mejor la torta.

Si se consideran los ingresos de mercado, es decir, los ingresos antes de impuestos y transferencias, en un universo de 214 países, Chile aparece entre los 14 con mayor concentración por parte del 10% más rico. Si nos comparamos a nivel de acumulación de riqueza, considerando 170 países para los cuales hay información comparable, Chile ocupa el cuarto lugar en concentración patrimonial en el 10% superior y el tercero en concentración del 1% más rico. Estas cifras son espeluznantes, más aún cuando el futuro gobierno ha comprometido con el sector empresarial una reforma tributaria que va completamente en sentido contrario de lo que el país debiera hacer.

Contar con mejores mediciones no es un ejercicio meramente estadístico. Es una condición necesaria para discutir francamente las políticas públicas que el país necesita. Estos resultados invitan a replantear y renovar la conversación sobre políticas productivas, tributarias y sociales, que permitan ampliar realmente las oportunidades, robustecer la capacidad del Estado para corregir brechas estructurales y mejorar las condiciones de vida de la población.

Cuando amplios sectores perciben que el crecimiento no se distribuye de manera justa, se resiente algo más profundo, la confianza en las instituciones y en las reglas de la vida colectiva. En ese momento, la desigualdad deja de ser solo una brecha económica y pasa a convertirse en un desafío para la cohesión social y la legitimidad democrática. Ignorar esa realidad sería un error que el país no puede permitirse. No sigamos corriendo ese riesgo.