Reflexionar y acompañarse para no repetir: aprendizajes que aporta la Comisión Verdad y Niñez

Claudia Espinoza Carramiñana

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Hablar hoy de derechos de niños, niñas y jóvenes en Chile implica, necesariamente, mirar hacia atrás con honestidad y hacia adelante con responsabilidad. Nuestro país ha conocido de cerca las consecuencias de políticas públicas que, aun declarándose protectoras, terminaron reproduciendo vulneraciones graves y sistemáticas. Esa historia reciente nos impone una obligación ética ineludible: aprender para no repetir.

La promulgación de la Ley 21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, constituye un avance sustantivo en esa dirección. Por primera vez, el Estado de Chile reconoce de manera explícita que la niñez tiene derechos y que su garantía no depende de la buena voluntad individual, sino de una arquitectura institucional, intersectorial y permanente. Sin embargo, la existencia de una ley, por sí sola, no asegura transformaciones reales. El desafío está en cómo ese marco normativo se traduce en prácticas concretas, sostenidas y coherentes en los territorios.

El mandato del Presidente Boric ha sido claro al respecto, y la constitución de la Comisión Verdad y Niñez forma parte de la respuesta al informe del Comité de Derechos de la Niñez, del año 2018, que daba cuenta de las vulneraciones de derechos acontecidas en residencias a cargo del Estado, sobre todo cuando se señala que las vulneraciones más graves no ocurrieron únicamente por falta de recursos o de programas, sino por erradas concepciones tutelares de la niñez, por formas de intervención naturalizadas y por una cultura que, durante años, confundió protección con control.

Esta realidad ha generado revuelo en temáticas del rol del Estado frente a niños, niñas y jóvenes a su tutela, lo que ha reflotado recientemente en el proceso de traspaso de la administración actual a la entrante. Este es un tema sumamente relevante, y el gobierno entrante deben sopesar su valoración al respecto para establecer caminos claros con objetivos que apunten al avance.

Debemos tomar en cuenta que aprender de esa experiencia exige algo más profundo que ajustes administrativos: requiere una revisión crítica permanente de los supuestos que orientan la acción profesional. Esta responsabilidad debe mantenerse como prioridad para el Estado de Chile, incluso como materia del proceso de traspaso al presidente electo y sus ministros, con la finalidad de que conozcan el trabajo realizado por la Comisión y exista un compromiso con darle continuidad a ese proceso de reconocimiento, investigación y procesos de participación activa de organizaciones de víctimas.

Este es un proceso que necesita reconocerse como deber inequívoco de los distintos actores y entidades que actualmente tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a niños, niñas y jóvenes bajo la tutela estatal, tomando en consideración el trabajo, aprendizajes y recomendaciones de la Comisión Verdad y Niñez, que nos ayudan a repensar la forma en que el Estado desarrolla esta tarea.

En este punto, resulta especialmente vigente la reflexión de Jacques Donzelot en "La policía de las familias". Donzelot muestra cómo las políticas dirigidas a la infancia y a las familias pueden transformarse en dispositivos de vigilancia y disciplinamiento, particularmente sobre los sectores más empobrecidos, cuando no se sostienen desde un enfoque de derechos. Cuando la protección se ejerce desde la sospecha y no desde el reconocimiento de derechos, el riesgo de vulneración se vuelve estructural.

De allí la importancia de instalar la reflexión permanente sobre las prácticas como un eje central del Sistema de Garantías. Reflexionar no es detener la acción, sino darle sentido. Acompañarse entre equipos, revisar decisiones, analizar casos de manera interdisciplinaria y aprender de los errores es una condición básica para garantizar la no repetición. Ningún sistema de protección puede sostenerse solo sobre protocolos; necesita pensamiento crítico, diálogo y aprendizaje institucional continuo. La no repetición no se decreta: se construye día a día, en decisiones pequeñas, en formas de mirar, en modos de relacionarse con niños, niñas, adolescentes y sus familias.

En este escenario, la existencia de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) representa una oportunidad histórica. Las OLN permiten anclar el Sistema de Garantías en los territorios, acercando al Estado a la vida cotidiana de niños, niñas, jóvenes, sus familias y las comunidades y posibilitando una intervención temprana, preventiva y articulada. Son espacios clave para pasar de una lógica reactiva -que actúa solo cuando el daño ya está hecho- a una lógica de acompañamiento, promoción y cuidado. Su trabajo combina dos dimensiones claves: la gestión de casos y la promoción territorial de derechos.

La gestión de casos, desarrollada desde un enfoque de derechos, permite acompañar trayectorias de vida de manera integral, evitando respuestas fragmentadas y tardías. Implica mirar a niños y niñas en su contexto familiar y comunitario, articular a los distintos sectores del Estado y sostener intervenciones que no se limiten a resolver una urgencia puntual, sino que busquen restituir derechos y fortalecer capacidades. Cuando la gestión de casos se realiza con reflexión y corresponsabilidad, se transforma en una herramienta poderosa para prevenir nuevas vulneraciones.

Pero el rol de las OLN no se agota en la intervención frente a situaciones de amenaza o vulneración, su función de promoción territorial es igualmente importante. Promover derechos significa trabajar con las comunidades, con las familias, con los establecimientos educacionales, con los servicios de salud, con las organizaciones sociales y con los gobiernos locales para generar entornos protectores. Significa anticiparse al daño, fortalecer redes, difundir derechos y construir una cultura de cuidado que reconozca a la niñez como parte activa de la vida social.

Esta doble función -gestión de casos y promoción- permite avanzar desde una lógica reactiva hacia una lógica preventiva y comunitaria. Sin embargo, para que esta promesa se concrete, es indispensable comprender que el Sistema de Garantías no es solo responsabilidad de las OLN. Funciona -o fracasa- en la medida en que todas las instituciones públicas y privadas, los medios de comunicación y la sociedad en general asuman su rol como garantes de derechos.

Garantizar derechos no es una tarea exclusiva de especialistas: es una responsabilidad social compartida, en especial para todo el mundo adulto. Esto implica, entre otras cosas, reconocer que no hay protección integral de la niñez sin condiciones sociales adecuadas para la crianza.

Muchas vulneraciones se explican menos por fallas individuales que por contextos de precariedad, desigualdad y sobrecarga de cuidados. Un enfoque de derechos obliga a ampliar la mirada y a generar políticas que fortalezcan a las familias, que reconozcan su rol y que redistribuyan socialmente las responsabilidades del cuidado, en lugar de cargar sobre ellas toda la exigencia. Esto es parte fundamental del enfoque de las OLN que se enmarcan en las condiciones para el cuidado de niños y niñas y no se reducen a medir competencias parentales.

Los medios de comunicación también tienen un rol clave en este desafío. La forma en que se habla de la niñez, cómo se narran los conflictos y cómo se representa a las familias incide directamente en la construcción de sentido social. Informar con enfoque de derechos, evitar la estigmatización y visibilizar experiencias de cuidado y acompañamiento son también formas concretas de garantía.

Reflexionar y acompañarse para no repetir supone, entonces, un cambio cultural profundo. Supone comprender que cada institución, cada equipo y cada persona adulta tienen incidencia en las vidas de niños, niñas y jóvenes. Y supone asumir que el aprendizaje institucional no es un lujo, sino una condición básica para un Estado que busca ser verdaderamente garante de derechos.

Por ello, en la Región de Valparaíso generamos un seminario para que todos los equipos de niñez del Servicio de Protección Especializada y las Oficinas Locales de la Niñez, identifiquen qué elementos nos puede dejar como aprendizaje la existencia de la Comisión Verdad y Niñez y el enfoque de Derechos Humanos que tiene como base, sumado a los relevantes relatos que nos entregan integrantes de organizaciones de personas que estuvieron bajo la tutela del Estado en su infancia.

La deuda que tenemos con la niñez se salda cuando el país, en su conjunto, decide aprender de su historia, sostener prácticas reflexivas y construir condiciones reales de cuidado y dignidad para quienes hoy crecen en nuestros territorios. No repetir es, en definitiva, una responsabilidad colectiva.